Las obras de infraestructura son factor indispensable para el crecimiento de la economía en su conjunto, para superar la pobreza y la marginación, incrementar la competitividad. Facilitan el traslado de las personas, los bienes, las mercancías y permiten que los servicios de educación, salud, seguridad pública fundamentalmente, lleguen a la población con calidad y oportunidad. La infraestructura, factor determinante para elevar la calidad de vida de la población además de promover el crecimiento económico.

La construcción de los puentes, las carreteras, los puertos y los aeropuertos que unen a la gente y que la conectan con el resto del mundo, así como la construcción de infraestructura de energía, agua y telecomunicaciones, son ingredientes indispensables para el éxito de una economía moderna y una forma de elevar el nivel de vida de la población. La infraestructura no sólo es un detonador inmediato de empleo, sino que fortalece la actividad productiva en el largo plazo.

Actualmente México enfrenta una mala planeación en desarrollo de proyectos de infraestructura y muestra de ello es el Tren Interurbano México-Toluca, el Acueducto el Zapotillo, entre otros. 

En los últimos años el presupuesto destinado a los proyectos de inversión en obra pública ha aumentado de manera significativa. 

Sin embargo, los esfuerzos presupuestales no se traducen en una mejor calidad de vida para los ciudadanos ni se ha acelerado el desarrollo del país, pues México ocupó el lugar 49 de 59 naciones en el Índice Internacional de Infraestructura Pública en 2018. 

 “Sin infraestructura no hay progreso”, se lee en el “Proyecto de Nación 2018-2024” del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El Gobierno de México tiene planes para edificar obras de infraestructura para elevar el nivel de vida de la población, entre los que destacan la “construcción de caminos rurales que permitirá comunicar 350 cabeceras municipales de Oaxaca y Guerrero con carreteras de concreto; que generará empleos, reactivará las economías locales y desalentará la migración”. 

Otros proyectos de infraestructura que están planeados por la nueva administración son: Cobertura de Internet para todo el país; El Tren Maya; Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec; Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” en Santa Lucía, la Refinería de Dos Bocas en Tabasco entre otros.  

Actualmente México se encuentra en el cincuentavo lugar en infraestructura a nivel internacional, por lo que es necesaria la participación de la iniciativa privada para asegurar cambios benéficos para el país.

México tienen que aumentar la eficiencia en el gasto en infraestructura, que representa 1.6 por ciento anual del Producto Interno Bruto (PIB), pero ante el escaso espacio fiscal la clave es apoyarse en el sector privado para cerrar la brecha existente.

Actualmente la deuda pública de México se ubica en rango 45.3 PIB que es una cifra muy inferior con respecto a otros países del mundo, como es el caso de Japón, cuya deuda asciende a 237 por ciento del PIB; pero no se compara la infraestructura que tiene la nación asiática con el de América Latina. 

La deuda del país es manejable y podría endeudarse más para invertir en infraestructura y mejorar los niveles de calidad de vida de la población.    

En los últimos años la participación del sector privado en proyectos de infraestructura no ha sido del todo afortunada y ha contribuido muy poco en el desarrollo de la misma y ejemplos hay muchos, como es el caso de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido, el Tren México-Toluca, entre otros. 

Por fortuna para el país, hay líderes empresariales que están dispuestos hacer cambios en sus esquemas de inversión en infraestructura y participar junto con el actual gobierno de México en grandes y pequeños proyectos.       

La propuesta que tienen algunos dirigentes empresariales para dotar a la población de más y mejor infraestructura es clara y se basa en que hay que aumentar la inversión para proyectos, tanto del sector privado como del público, pero se debe de evaluar cuáles son los proyectos convenientes que sean sustentables y tengan una alta rentabilidad social y que los recursos se ejerzan con total transparencia.

Para verificar la sustentabilidad financiera y ambiental de las obras de infraestructura y que el uso de recursos sea transparente, los líderes empresariales proponen que sea una junta de notables hombres y mujeres de conductas intachables que no tengan ningún conflicto de intereses los que supervisen toda la ejecución.  

El pasado 19 de junio el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Gobierno de México firmaron un acuerdo para fomentar la inversión y el desarrollo incluyente a nivel nacional, y así combatir la pobreza, generar más empleos e incrementar el bienestar de los mexicanos. 

“El acuerdo busca poner a la inversión como una prioridad fundamental para el país, y establecer mecanismos para dar seguimiento periódico con métricas puntuales de evaluación. Con la colaboración público-privada se busca alcanzar una inversión de 25 por ciento del PIB en los próximos años: 20 por ciento privada y 5 por ciento pública”.

El desafió para el Gobierno de México como del sector privado es hacer más y mejor infraestructura para mejorar la calidad de vida de los mexicanos.