Un año después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, pidió a la Secretaría de la Función Pública investigar una serie de irregularidades en diversos contratos, convenios, adjudicaciones y compras efectuadas por la Policía Federal en la pasada administración, la Fiscalía General de la República ha solicitado las correspondientes órdenes de aprehensión en contra de 19 ex servidores públicos, a quienes se les acusa de incurrir en diversos delitos como el de delincuencia organizada para cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En el primer bloque de órdenes de aprehensión sobresalen, por la jerarquía que tuvieron en la Policía Federal, los nombres de la ex comisario Frida Martínez Zamora, hidalguense que fue secretaria general de la corporación, y el de Jesús Orta Martínez, quien ocupó el mismo cargo y después se desempeñó como secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, ya en el gobierno de la 4T, ambos fueron subordinados y estrechamente cercanos al entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

La indagatoria se centra en el contrato firmado por la dependencia el 23 de diciembre de 2015, con la firma Rafael Advanced Defense System Ltd, con sede en Tel Aviv, para la compra de un sistema de inteligencia a un precio de 133 millones de dólares, algo así como 2 mil 458 millones de pesos al tipo de cambio de aquel entonces, sin licitación y bajo el argumento de motivos de seguridad nacional, pero que según la FGR tuvo un sobreprecio injustificado.

Otros más…

Las investigaciones van mucho más allá del sistema “Rafael”, por ello se incluye tanto a Frida Martínez como a Jesús Orta, y se extiende hacia otras áreas y dependencias porque también se enfocan hacia un contrato que se firmó para el mantenimiento de la flota aérea por 890 millones de pesos, del cual se solventaron únicamente 467 millones; igual se revisa la adquisición de 40 automóviles a razón de 2 millones 86 mil 150 cada uno, lo que suma 83 millones 446 mil en una sola operación.

Hace un año en este mismo espacio señalamos que asuntos de especial interés en las indagatorias, lo son el supuesto manejo irregular de 8 mil 108 millones de pesos que, según la Policía Federal, se gastaron en hospedaje, alimentación, logística y desplazamientos tácticos de sus elementos, nada más en 2017; también las supuestas irregularidades multimillonarias en la Dirección de Administración y Finanzas del Sistema Penitenciario Federal, justo a donde van a ir a parar algunos de los involucrados.

Pese a sigilo con que se conducen tanto la Fiscalía General de la República como la Secretaría de la Función Pública, ha trascendido ya los nombres de algunos de los investigados: Damián Canales Mena, quien fuera jefe de la División de Inteligencia de la PF; Jorge Francisco Márquez Montes, ex oficial mayor de la Secretaría de Gobernación; José Luis Gallegos Hernández, ex coordinador de Servicios Técnicos de la PF, y Rodolfo Saab Chapa, alto mando de la corporación, a este último se le indagan sus vínculos con el impresentable Genaro García Luna. Ahora entrará en escena la Unidad de Inteligencia Financiera, cuyo titular, Santiago Nieto Castillo, no se distingue por la discreción.

Tulancingo, la disputa…

Después de leer las cantidades multimillonarias que presuntamente se desviaron en la Policía Federal, saber de una transa de 6 millones de pesos es como un juego de niños, aun así la sola sospecha hará que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción investigue al presidente municipal de Tulancingo, Fernando Pérez Rodríguez, sobre quien pesa una acusación por ejercicio indebido del servicio público y otras conductas como cohecho y peculado.

Bajo el mismo esquema de los moches a los legisladores, en Tulancingo, bajo el disfraz de “bono especial”, se pretendió sobornar a los regidores integrantes de la Asamblea Municipal con cantidades que van de los 80 mil a los 120 mil pesos para cada uno, para que dieran su aprobación al Proyecto de Actualización Catastral, según el ex diputado local Pedro Hiram Soto Márquez, en lo que parece ser un anticipo de lo que será la disputa electoral.

Hiram Soto es regidor del ayuntamiento y luego de anunciar que denunciaría al presidente municipal, resulta que la misma alcaldía denunció penalmente pero al hermano del asambleísta, al ex alcalde Julio César Soto Márquez, para que se investigue el proceso de desincorporación de un predio que era propiedad del municipio, pero terminó como parte del patrimonio de familiares de estos.

Se acaba el tiempo…

Y como el calendario no perdona, se acorta el tiempo para que los diferentes partidos políticos definan ya los nombres de las candidatas y candidatos que –si no ocurre cambio alguno– los representarán en las urnas el 18 de octubre, por lo que crece el interés de quienes aspiran a participar y las expectación de aquellos que desean ver el nombre de sus favoritos en las urnas electorales.

La candidatura de Pachuca es quizás la que se disputa con mayor intensidad, pero en el caso de los partidos Revolucionario Institucional y Movimiento de Regeneración Nacional parece que todo se ha reducido a una cuarteta en cada uno.

En el PRI a la terna integrada por Luis Jaime Osorio Chong, Benjamín Rico Moreno y Sergio Baños Rubio, se ha sumado el nombre de Roberto Rico Montes, quien, según trascendió, la semana pasada ingresó su renuncia como coordinador jurídico del Gobierno del estado; mientras que por Morena la lista sigue integrada por Navor Alberto Rojas Mancera, Pablo Vargas González, Humberto Veras Godoy y José Luis Lima, en ese orden de oportunidad.

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