En marzo y abril de 2017 en este espacio de Radar Político, así como lo hizo el periodista Alejandro Gálvez en la agencia Quadratín Hidalgo, referimos una investigación que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo llevaba a cabo por un posible desvío millonario en la Subdirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de la entidad, así como una sospechosa deuda de 400 millones con un proveedor, indagatoria que en su momento no prosperó porque los presuntos involucrados se habían encargado de destruir y desaparecer documentación, así como de robarse expedientes que acreditaban sus fechorías.
Tres años después, en abril de este año, se conoció que como resultado de una investigación de “Impunidad Cero”, que es un proyecto de la sociedad civil, se inició en octubre de 2018 una carpeta de investigación por el presunto desvío de 4 mil 179 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) entre 2012 y 2016, que involucra a funcionarios de 30 estados que justificaron el dinero con más de 7 mil facturas falsas; la indagatoria empezó en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la entonces PGR. Tan solo en 2013 se desviaron mil 916 millones en 7 estados; en Hidalgo se detectaron 738 facturas apócrifas y, como en otras entidades, se incurrió en el uso de empresas fantasma, pagos carentes de documentación comprobatoria, sobreprecios y el no enterar el ISR.
Y esta semana se conocieron los avances de un tercer asunto, el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, mediante el cual la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios busca que la ex secretaria de Salud, Edna Geraldina García Gordillo, y el ex subsecretario de Administración y Finanzas, Carlos Alberto García Sánchez, devuelvan 335 millones 205 mil 372.97 pesos más sus rendimientos financieros; dinero presuntamente desviado del Seguro Popular en 2014, año en el que también fue secretario de Salud el notario Pedro Luis Noble Monterrubio.
Conflicto de intereses…
El procedimiento por los más de 335 millones se inició por el incumplimiento del Pliego de Observaciones PO1532/16 de la Cuenta Pública 2014, por lo que mediante los citatorios DGRRFEM-D 4214/20 y DGRRFEM-D 4215/20, el 23 de abril se llamó a comparecer ante la Auditoría Superior de la Federación tanto a Geraldina García como a Carlos García, pero se sabe que sólo ella compareció el 15 de mayo.
Se trata de tres asuntos correspondientes a la gestión de Pedro Luis Noble y Geraldina García, pero en todos la pieza clave parece ser un personaje que en distintas etapas, documentos, contratos y licitaciones, aparece con tres denominaciones para el mismo cargo, subsecretario de Administración y Finanzas; subdirector general de Finanzas y Administración y subdirector general de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud, que ocupó pese al evidente conflicto de intereses que representaba el ser empresario miembro de una familia dueña de laboratorios clínicos y al mismo tiempo funcionario del sector salud.
Las tres investigaciones incluyen puntos diversos: por ejemplo, 738 facturas falsas de 2014, muchas de ellas expedidas por Comercializadora Ramaja, que resultó ser una empresa fantasma; contratos con empresas y laboratorios como LABSA, S.A., involucrada en Veracruz en el surtido de medicamentos sin originalidad ni patente y pese a lo cual el Departamento de Licitaciones le dio tres contratos en Hidalgo, de ello se culpó a Pablo Pérez Velasco, que fue a dar a prisión. Pero aún se investiga a quienes se desempeñaban como director y subdirector de Recursos Materiales y la jefatura del Departamento de Licitaciones, algunos de ellos aún incrustados en la administración pública estatal, ahora en el sector educativo.
Mientras esos multimillonarios desvíos ocurrían en la Secretaría de Salud, paralelamente lo que fue un laboratorio clínico de esos que a pesar de sus 30 años de experiencia apenas hacían “análisis de pipí y popó”, en cuatro años se convirtió en una gran empresa, se expandió de 1 a 9 sucursales, pasó a ser centro radiológico a centro de diagnóstico, con tomógrafos y los equipos más modernos; es más, sus propietarios construyeron tres edificios, grandes y lujosos.
Sorpresa, reciclaje y decepción…
Y finalmente conforme a los tiempos establecidos en el calendario electoral, del 14 al 19 de agosto los diferentes partidos políticos registraron sus planillas de candidatas y candidatos a integrar los 84 ayuntamientos de la entidad, pero así como se dieron descontentos y protestas por las imposiciones en Morena, donde algunas candidaturas se dieron entre familiares y amigos, en otros institutos, como el PRI, hubo sorpresas, reciclaje y hasta decepciones por los postulados.
En Pachuca todo parecía estar listo para que el ex secretario del Medio Ambiente, Benjamín Rico Moreno, lograra la candidatura propietaria para presidente municipal, pero hasta donde se sabe solo alcanzó la suplencia y el ganón de la carrera fue el empresario Sergio Baños Rubio, quien tendrá que ganarle en las urnas a Pablo Vargas González, que logró la postulación en Morena, donde se impuso la influencia de los hermanos Arturo y Tonatiuh Herrera; el primero, secretario de Hacienda; y el segundo, director de la Coordinación Técnica y Planeación en el Fideicomiso de Fomento Minero.
Ambos partidos recurrieron al reciclaje en muchos lados; en el caso del tricolor repiten como candidatos los ex presidentes municipales de Acaxochitlán, Salvador Neri Sosa; Apan, Guadalupe Muñoz Romero; Cuautepec, Manuel Fermín Rivera Peralta; Tepehuacán, José Juan Viggiano; Tulancingo, Jorge Márquez Alvarado, y Tolcayuca, Gastón Valdespino Ávila, entre otros.