“No más jueces corruptos”
Durante los gobiernos de derecha que hemos tenido (PRI y PAN) era costumbre periodística ocultar los nombres de los jueces que habían concedido amparos a reconocidos malhechores; la prensa timorata tan solo balbuceaba: “Un juez de tal distrito, ñaña ñaña…”.
Después de la lluvia de descarados amparos a conocidos hampones: Romero Deschamps, Vicente Fox, Javier Duarte, Alonso Ancira, Emilio Lozoya y Gilda Austin, se organizó la marcha “No más jueces corruptos”, el 18 de agosto del 2019, donde participamos alrededor de 300 personas, en donde dije por altavoz:
“¡Debe haber un mecanismo legal para que se congelen las cuentas de los jueces que obtienen dinero mal habido!”
Espero que la marcha haya presionado para lograr la primera y única renuncia de un Ministro de la Suprema Corte: El magistrado panista Eduardo Medina Mora, investigado por lavado de dinero.
Zaldívar ya dijo que verá si procede la investigación al juez señalado
Para la difusión de la marcha, me costó mucho trabajo dar con los nombres de algunos jueces y sus fotografías (tuve que entrar a archivos de Colegios de Leyes, para dar con Raúl García Camacho, que liberó a Romero Deschamps, y Osorio Marco Antonio Fuerte Tapia, el de “Javidú”), pero me parecía muy importante que la gente conociera los nombres y aspectos de aquella gentuza, para que no fueran recibidos en ningún hogar decente.
Ahora veo públicos dos nombres: Ana María Nava Ortega (Jueza tercera de distrito de Quintana Roo, ligada al exgobernador Roberto Borge), y Juan Pablo Gómez Fierro (Titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones). La primera fue denunciada por la periodista y activista Lydia Cacho, por intentar liberar al exgobernador de Puebla, Mario Marín (pederasta, torturador y autor intelectual de su tentativa de homicidio); el segundo fue acusado por el propio presidente López Obrador, en una carta a la Suprema Corte, por darle un amparo ilegal a Iberdrola, echando para atrás su Reforma Eléctrica. El juez Arturo Zaldívar ya dijo que verá si procede la investigación al juez señalado).
Presunto Culpable
La costumbre de los periodistas de ocultar el nombre de los jueces corruptos, supongo, era para no perturbar a los poderosos implicados (publicando datos que podrían tomarse por violencia innecesaria, con probables represalias), pero eso nunca le quitó poder ni impunidad a los jueces. Recordemos al tristemente célebre Héctor Palomares, balconeado en el documental “Presunto Culpable” (Geoffrey Smith/Roberto Hernández, 2008) por encarcelar gente inocente y liberar delincuentes. ¿Tuvo algún castigo? A pesar de que su rostro y su nombre fueron famosos, el señor fue ratificado en su cargo (con muchas demandas encima) y murió a toda madre tomando vacaciones en la playa (irónicamente un 5 de febrero del 2017, cien años después de promulgada nuestra Constitución).
¿Qué le quita o qué le pone a la suerte de un juez corrupto, el hecho de que su nombre o su foto sean del dominio público? Lo importante es la cantidad de lana que aporta quien paga el amparo, no el “honor” (mención aparte merecen los jueces que se ven obligados a favorecer a un maleante bajo amenaza de muerte, quienes no tuvieron de otra, salvo que su superioridad moral los haya hecho tirar el birrete y engrosar las filas del desempleo).
Me parece que no basta con exhibir los nombres y los rostros de los jueces corruptos, también hay que averiguar a qué gym asisten, dónde les gusta pasear, dónde viven, sería lindo visitarlos personalmente y recordarles, de manera presencial, que son unas alimañas ponzoñosas.