OBRA EN TRES ACTOS
Primer acto: Pemex ya en terreno fangoso desde que fue entregado por el gobierno anterior, sigue encharcado con la nueva administración, y se hunde en el pantano de una crisis de deuda y de ingresos con la recesión mundial secuela del COVID 19, con el semáforo en rojo intenso por una posible quiebra.
Segundo acto: El 29 de abril el CENACE (Centro de Nacional de Control y Energía), rector del control operativo del sistema eléctrico del país, busca dar un manotazo a la floreciente industria de energías limpias, solar y eólico, impidiendo la entrada en operación de nuevas plantas al prohibirles realizar las pruebas previas para el arranque y limitar la operación de las ya establecidas; que no fructifica por la resistencia de los protagonistas, que gritaron faul, advirtiendo tintes de ilegalidad a los acuerdos previamente establecidos con la industria.
Tercer acto: La Secretaría de Energía (SENER), da un sorpresivo portazo al sector, y emite un decreto que en primera instancia es rechazado por el comisionado de un área normativa -la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER)- quien advierte que requiere de consultas con el sector, y -ante su negativa de los cambios- renuncia y el documento es publicado en el Diario Oficial el 15 de mayo, limitando la participación del sector privado en las energías renovables, y despertando las protestas de las cámaras empresariales, quienes alegan que la autoridad excede sus atribuciones y se violentan acuerdos internacionales.
¿Cómo se llamó la obra?
Réquiem a las energías limpias para salvar a Pemex.
REGRESIÓN
La idea de fondo es ejercer el control total del sector energético en México lo que implica una vuelta al reloj varias décadas atrás, con costos importante para el desarrollo del país.
El decreto de SENER, que ha desatado las protestas del sector privado, da reversa a reformas en el sector eléctrico impulsadas por el gobierno anterior, de Enrique Peña Nieto en 2013, cuando abrió la competencia a actores privados en la industria, permitiéndoles vender a la CFE, participar en el creciente mercado doméstico de hogares y negocios, con mecanismos como subastas de energía entre la floreciente industria privada, que permitió abaratar costos. Se buscó también combatir un problema ambiental. Las plantas de CFE operan con combustóleo de Pemex, un proceso contaminante del ambiente por el contenido de azufre. Y dio inició a la renovación tecnológica en plantas de la empresa estatal de electricidad, a fin de que empezaran a trabajar con energías limpias.
Desde una etapa temprana el gobierno de AMLO envió señales de que buscaría dar marcha atrás a estas reformas energéticas.
En Pemex, dio un portazo a la inversión extranjera en exploración. Limitó la participación del sector privado. La petrolera estatal está ahora a punto de quiebra. Requerirá un enorme plan de rescate. Pero en lugar de acotarla, AMLO está decidido a salvarla cueste lo que cueste. Mantener alta la producción petrolera pese a un mercado contraído. ¿Y si no hay clientes en el exterior? No importa, parece responder AMLO, hay que redoblar la refinación y vender gasolina hacia el interior, aunque pierda dinero porque sus costos de procesamiento son altos, mayores al ingreso que recibe por las ventas en las gasolineras de Pemex. Con un problema adicional –que conecta con el controvertido decreto del SENER que declara la pena de muerte para las energías limpias- porque al mantener la producción alta, sus excedentes de combustóleo se irán por los cielos, de modo que busca que la CFE los utilice para producir energía, sin importar que sea más barato comprarla a particulares, y sea contaminante y con riesgos para la salud.
COSTOS DE UNA ACCIÓN QUE VIENE COMO ANILLO AL DEDO
Además de la regresión de sepultar las reformas energéticas, México pagará un precio alto desde muchos puntos de vista, si el decreto de SENER no da marcha atrás. Pareciera que la administración de López Obrador está tomando también “como anillo al dedo” el COVID 19 –argumentando que el decreto pretende dar fluidez al abasto de electricidad- para reforzar el control de estas industrias. De acuerdo a REFORMA, senadores del PRI advirtieron que al suspender la generación de energías limpias, fallará el abasto y se esperan cortes de servicios.
1.- Podría subir el precio de la luz. Más pronto que tarde, la CFE, al sustituir en la generación de energía de sus plantas, insumos baratos (solares y eólicas) por caros (combustóleo y carbón), subirán –se teme- las facturas que pagan los hogares y las empresas. La energía es un insumo clave para los motores del crecimiento. Para los demandantes domésticos y de empresas, al cancelar las vías de un abasto barato mediante energías limpias tendrán abastecerse con energías caras, lo que minarán su competitividad. REFORMA cita que el último análisis de la Comisión Reguladora de Energía, señala que el costo promedio de generación de plantas de la CFE es de 141.21 dólares por megawatt-hora (MWh) y de los privados de sólo 20.57 dólares.
2.- Puede haber desabasto de energía a futuro. El espíritu de la reforma en la CFE fue subsanar la dificultad del gobierno, de contar con los montos de inversión requeridos para financiar el abasto de plazo de la economía mexicana. ¿Puede el gobierno de AMLO con esta visión de privilegiar al estado garantizar este abasto?
3.- Disminuirá la inversión interna y externa. Hay una afectación al estado de derecho. Se exacerba el clima de polarización. La acción de la SENER es anticlimática. Se da cuando aún no se apagan el resquemor por la cancelación de la planta cervecera Constellation Brands en Baja California, y evoca el primer golpe a la confianza, de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco. En un comunicado difundido por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) los 12 organismos que lo integran, la American Chamber/México, y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, donde hacen un llamado a revocar el Acuerdo de la SENER, señalan que es “una violación flagrante al marco institucional y legal mexicano.
A través de este instrumento, SENER usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia”. En otro comunicado, sólo del CCE, señala que afectaría a proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la República, los cuales representan inversiones por más de 30 mil millones de dólares.
4.- Tardará más la recuperación. Con este tipo de decretos México se aleja cada vez más de un retorno a la recuperación económica después del bache que atraviesa por el COVID 19, combinado con decisiones como éstas, que agudizan la atmósfera de desconfianza de los inversionistas.
5.- Crece el riesgo de golpear más la reputación crediticia del país. “Puede bajar la calificación crediticia de México”, dice Israel Hurtado, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho Energético. Moody´s, Fitch y Standard & Poor ya han degradado la nota crediticia de la deuda de México, y pese a que la calificación soberana aún cuenta con el grado de inversión, no verán con buenos ojos esta acción del gobierno, que desata criticas empresariales de violentar el estado de derecho.
6. Crece el riesgo financiero de la CFE. ¿Cómo será visto por los inversionistas de la empresa estatal de energía –a quien ya tienen en la mira- que prefiera pagar para la operación de sus plantas los costos –abultados- del combustóleo de PEMEX, a los más baratos del sector privado.
7.- Habrá una lluvia de demandas de parte de los empresarios. Hurtado señala que hay tres vías legales a las que se podría recurrir. Los amparos en los tribunales mexicanos como tales. Las derivadas de los preceptos violatorios a los acuerdos comerciales establecidos en el T-MEX (Tratado México- Estados Unidos- Canadá. Y la tercera vía son los tribunales de arbitraje internacionales. El comunicado del CCE y el resto de los ámbitos empresariales, citado arriba, señala que “el sector privado- incluyendo generadores, comercializadores y consumidores de energía agotará los recursos jurídicos que ofrece el orden constitucional mexicano, así como los acuerdos comerciales e instrumentos internacionales en vigor, para salvaguardar la integridad del Estado de Derecho en México y defender el sector energético mexicano como motor de desarrollo del país”.
8.- Hay un costo en contaminación. Plantas de CFE, trabajando con combustóleo –o carbón- despedirán azufre y humo de sus chimeneas, con riesgos de salud.
9.- Pone el riesgo el abasto – y en una situación de incertidumbre- para quienes ya tienen contratos con suministradores privados de energías limpias, ya sean clientes domésticos o de empresas.
Un segmento de este mercado, están por ingresar al tramo de rendimientos crecientes de su suministro.