Faltan menos de tres meses para que arranque el próximo gobierno y aún no se han trazado los ejes rectores de la oferta más elevada de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador: pacificar al país y darle vuelta al tema de la  violencia derivada de las acciones de los grupos delincuenciales, especialmente del narcotráfico.

Una vara muy alta para responder a las expectativas generadas en campaña, considerando que quienes han ofertado acabar con la violencia tienden al fracaso temprano. De ahí que sea fundamental que especialistas en la materia establezcan la tesis y el diagnóstico sobre el origen, evolución y  determinar las soluciones prioritarias de corto, mediano y largo plazos en una política integral de seguridad.

El documento Proyecto de Nación 2018-2024 que fue la base de la plataforma electoral del partido MORENA establece un breve diagnóstico y eventuales soluciones a lo que se esperaría sea el plan general: “Es innegable la relación causal entre la precariedad material que padece la mayor parte de la población con el incremento de la inseguridad, la violencia, la migración forzada por las circunstancias, la descomposición política e institucional y la mediocridad del desempeño económico en general”; es decir, se considera que el origen de la violencia son razones socioeconómicas de quienes están inmiscuidos en hechos delictivos. Si ello queda plasmado como el eje articulador de las políticas públicas para esta materia, los esfuerzos y gastos serán inútiles, pues la raíz del problema es más profundo y enraizado en todo el tejido social. No es un asunto nada más de pobreza si atienden los datos recientes del perfil de los delincuentes que asumen el control real de las organizaciones criminales.

Más adelante, se esgrimen otras ideas: “Por ello, las propuestas contenidas en este documento deben enmarcarse en el propósito general de combatir la pobreza de vastos sectores de la sociedad mediante la creación de fuentes de trabajo, el impulso a las actividades productivas, particularmente las del agro, la inclusión de todos los jóvenes en programas educativos o laborales y la atención a los adultos mayores. Los programas gubernamentales aquí́ enumerados, sean a escala nacional, regional o local, comparten esos propósitos”. Hasta aquí, el documento focaliza el diagnóstico a una parte de las muchas razones de la violencia y el involucramiento de la población en las redes delictivas, la pobreza y falta de oportunidades. Pero se olvida de las redes transnacionales de quienes manejan los mercados ilegales de las drogas, de la trata de personas, del blanqueo de capitales y del desplazamiento poblacional en zonas de población pobre pero de riqueza inmensa del subsuelo (la minería).

Para la recuperación de la paz, de las páginas 105 a la 134 del Proyecto de Nación se enlistan una serie de diagnósticos y planes de acción que estarían puestos en marcha para el “rediseño institucional del área de seguridad, coordinación y profesionalización de los cuerpos de seguridad” así de la administración y procuración de justicia, en su inmensa mayoría focalizados a la aplicación de política sociales (incluyendo el tema carcelario y de reinserción social, tan debatido ahora con el tema de la “amnistía” que no es otro asunto que un plan de indultos para delitos no graves) y de profesionalización de los cuerpos de seguridad, pero sólo desde el ámbito del “deber ser” (como las aplicadas en el modelo colombiano de “política de seguridad democrática”) y no del “ser”, como lo ameritaría un reto de esta naturaleza.

De las omisiones de los diagnósticos presentados existen preocupaciones, porque una vez en la preparación de la entrega/recepción de la Presidencia de la República, el equipo encargado de atender las políticas de seguridad han tenido que rectificar, ajustar y hasta matizar lo que se estuvo ofreciendo en campaña (tal es el caso de la Guardia Nacional, el retiro de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública, la reforma a la recién aprobada la Ley de Seguridad Interior, entre otras) e, inexplicablemente, abrir otros frentes como que Alfonso Durazo haga suya una consigna de militares en retiro, algunos de ellos, sobre la “reconversión” de las Fuerzas Armadas para que atiendan, la “seguridad interior” dado que “no existen amenazas externas”, ignorando las amenazas de nuestras vecindades en las fronteras norte, sur, los mares territoriales y el espacio aéreo (de hecho, lo olvidado que uno de los factores que detonó la crisis de seguridad fue el cierre del espacio aéreo de los Estados Unidos luego del 11-S que obligó a los cárteles sudamericanos a utilizar intensamente la frontera sur y el territorio mexicano para el trasiego de estupefacientes).

Lo mismo ocurre con las disparadas ideas de remover las funciones de los órganos de inteligencia del Estado mexicano para ubicarlos sólo a tareas policiales cuando las amenazas a la seguridad son más complejas que de grupos delictivos, siendo que éstos operan bajo el amparo del poder político y con redes de financiamiento amplias y transnacionales, las cuales sólo se combaten con inteligencia. De ellas escribiremos en otro momento.

El tiempo se agota para que entre en funciones la nueva Secretaría de Seguridad Pública y está analizándose cómo van a funcionar, de qué manera operaran para ir atendiendo el problema más complejo de la próxima administración y no cometer los errores de la primera alternancia con Vicente Fox, que desmanteló los cuadros profesionales de inteligencia y de labores policiales; de Felipe Calderón de cargar las tareas sólo a la captura de los líderes delincuenciales y utilizar políticamente la política de seguridad, o de Enrique Peña Nieto, al confiar las tareas de seguridad en funcionarios que llegaron a improvisar, a minimizar la agenda de los derechos humanos y a dejar cuasi acéfalas las tareas de investigación y análisis.

Los tiempos se cierran y aunque Andrés Manuel López Obrador no asume oficialmente el mando del país, su gestión ya comienza a ser evaluada en esta materia y hasta ahora no dan claridad de hacia dónde caminarán.