- Tener vocación de servicio.
- Tener capacidad para el cargo.
- Tener buenas relaciones humanas.
- Estar comprometido para tener un mejor país.
- Tener la cohesión de trabajar en equipo.
- Tener liderazgo y capacidad de toma de decisiones.
- Actuar conforme a las regulaciones de las normas y leyes.
- Actuar bajo los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, humildad y respeto.
- Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones que le sean encomendadas.
- Tener el deber de denunciar los actos u omisiones que en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir.
- Atender las instrucciones de sus superiores.
- Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses.
- Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso indebido.
- Rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones, en término de las normas aplicables.
- Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte.
- Evitar causar daños y perjuicios a la Hacienda Pública o al patrimonio de un ente público.
- No cometer nepotismo.
- Manejar un lenguaje incluyente y con perspectiva de género.
- No cometer actos de corrupción.
- Amar a su país.
Tenemos una sociedad enferma, en donde nos acostumbramos, a que los ricos se hicieran más ricos, y los pobres más pobres y sin oportunidades, y aún más, en donde el servidor público se olvidó de los principios y obligaciones con las que se debería conducir en la administración pública. Sin embargo, lo han tomado como algo cotidiano adaptando y haciendo parte del sistema a “la corrupción”, y de esa manera lo que tener la posibilidad de seguir cubriendo solo sus intereses personales o del grupo del que son parte, sin importarles el bien común del pueblo.
Hace unos días, el Poder Judicial recibió su primer sacudida con la renuncia de un servidor público de alto nivel, estamos hablando de Medina Mora, renuncia que se originó tras la denuncia que se interpuso en su contra por parte de Inteligencia Financiera después de recibir una alerta por el Departamento del Tesoro estadounidense por haber tenido anomalías como movimientos y transferencias bancarias irregulares de las cuentas de ministro en Estados Unidos y Reino Unido. Sin duda, este acontecimiento bien servirá para destapar todos y cada uno de los demás actos de corrupción por los que se ha envuelto el Poder Judicial durante varios años, y que al parecer esta vez definitivamente no quedará en la impunidad.
Aunque Medina Mora, no es el único servidor público que renunció o que haya sido destituido del poder judicial por probables actos de corrupción, pues hace unos meses se iniciaron investigaciones y procesos disciplinarios contra algunos magistrados y juzgadores, así como auditorías a los juzgados en todo el país, dando como resultado la destitución de dos magistrados y un juez.
Por otro lado está sobre la mesa la iniciativa que impulsa el Senador Ricardo Monreal Ávila, en la que pretende regular las redes de nepotismo dentro del Poder Judicial de la Federación, a través de la Ley Orgánica de este órgano, adicionando un tercer párrafo al artículo 112, así como una fracción XV en el 131 en dicha ley, para que los aspirantes que busquen ingresar o buscar una promoción para las categorías de magistrado de circuito y juez de distrito, deban someterse a un concurso interno, además de hacer pública su declaración de intereses, que deberá incluir, los vínculos familiares. Esto derivado del acto de nepotismo que se le encontró hace unos meses al Ministro Luis María Aguilar al tener en la misma nómina de la SCJN a su hija, Ana Elena Aguilar Arrangoiz, quien es cirujano dentista.
Es más que obvio que el Poder Judicial necesita una transformación inminente y ser velador de las garantías constitucionales de los mexicanos.
Es así como queda dicho que es esencial dignificar el servicio público, en el que se realice un cambio de la mentalidad del funcionario a través del fomento de principios y valores éticos apegados a las leyes que, desde luego estos actos los lleven a las buenas prácticas en favor de la sociedad.