Resulta que en los últimos meses los productos de limpieza que se usan para combatir el virus del Covid-19 en hogares y centros de trabajo han aumentado de precio hasta en 40 por ciento de lo que costaban antes de que se activara la emergencia sanitaria.
La Unión Nacional Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza (Unityel), que dirige Marco Reyes Saldívar, advirtió que la escalada de aumentos —de químicos, papel, fibras y plásticos— lesiona la economía de millones de familias y de las empresas del ramo.
Reyes Saldívar reconoció que las empresas que producen artículos como jabón en polvo, de barra, escobas, jergas, trapeadores, bolsas para basura, cloro, papel higiénico, cubetas, desinfectantes o tapetes, deben sumarse a la “revolución sanitaria global” y mantener sus precios bajos.
Pidió a las autoridades del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador garantizar que las empresas incrementen, sin sustento, el precio de sus productos que, ya se convirtieron productos de primera necesidad para los hogares y lo centros de trabajo.
El líder de la agrupación recordó que los empresarios del ramo absorben un costo extra para adquirir artículos de nueva generación, como caretas, guantes quirúrgicos, tapetes sanitizantes, o batas médicas, y que, no fueron considerados al momento de cotizar sus servicios.
A manera de ejemplo, afirmó que la poderosa Kimberly Clark, aumentó el precio de sus productos en toda la líneas de sus insumos, de tal suerte que el papel higiénico, toallas en rollo, sanitas (toalla interdoblada), o el jabón líquido para manos, aumentaron su precio hasta de 40 por ciento de manera escalonada.
Recordó que ante la pandemia del Covid-19 se ha registrado una severa crisis económica que, lamentablemente, ha generado despidos, caída de ingresos en negocios y la reducción de salarios, por lo que hay menor cantidad de dinero para gastar.
Aprovechó para reconocer a los afanadores que realizan sus actividades en centros hospitalarios, ya que ellos también son héroes, porque no han descansado y arriesgan sus vidas en el desarrollo de sus actividades.
“Son trabajadores que han sido capacitados para manejar residuos o material infeccioso, para atender a pacientes contagiados con el Sars-CoV-2; y, que también lo hacen con el personal médico, pacientes y familiares”, dijo.
Y lamentó que firmas como Construcción y Proyecto Vial S.A. de C.V., Molt Net, Decoaro y Supervisión, Gerlim, SA de CV, Gott und Glock, Limpieza Val, Grupo Relissa Servicios Corporativos SA de CV, incurran en prácticas sistemáticas de “simulación para acaparar contratos con dudosas acciones profesionales que ponen en serio riesgo la salud de los mexicanos”.
Punto Cero
Estos días serán cruciales en materia de derechos humanos en el estado de México. Los legisladores mexiquenses tiene en puerta discutir y aprobar una reforma al marco legal para activar una Ley de Amnistía.
Los datos son reveladores. Hay casi 20 mil personas en reclusión —de un total de 30 mil— que consideran que fueron detenidos en situaciones irregulares y o el marco de la violación de sus garantías individuales, como la tortura.
Entre otras escenas, hay acusaciones como la fabricación de delitos, violación del debido proceso, incomunicación, la falta de un traductor —para aquellos integrantes de grupos indígenas— o simplemente la amenaza de funcionarios públicos, particularmente policías.
Esta medida, prometida por el presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel federal, ya tiene forma en la entidad mexiquense pero quedaría corta, si el abanico de delitos considerados para los posibles beneficiarios deja atrás los considerados como “graves”.
En este sentido, el Centro de Derechos Humano “Zeferino Ladrillero” ha sido una esperanza para miles de personas hoy recluidas, ya que en muchos de los casos, “la cárcel castiga la ignorancia, la pobreza y la rebeldía”, según ha dicho el abogado del colectivo.
Estaremos muy atentos del destino de la propuesta de modificación al marco legal en territorio mexiquense, que ha vivido casos emblemáticos de represión, por ejemplo, del pueblo de Atenco en 2006 o, la que tuvieron seis indígenas de San Pedro Tlanixco que defendían el derecho de acceder al agua que emana del volcán nevado de Toluca.
*Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz