El nombre de José Juan Reyes Domínguez se ventiló en diversos foros con la noticia de haber agredido a su esposa de manera violenta y de amenazarla con seguir estas acciones, que ponen al sujeto como un criminal confeso.
Estas conductas delictivas —como la del empresario Reyes Domínguez— hacen que México se ubique en el primer lugar del mundo en agresiones contra mujeres y feminicidios, al registrarse más de 2 mil casos asesinatos en los primeros sietes meses de este 2020 en nuestro país.
Este caso ha llamado la atención de las autoridades federales, particularmente de la Secretaría de Gobernación (Segob), que dirige Olga Sánchez Cordero; y de la subsecretaría de Derechos Humanos, que encabeza Alejandro Encinas.
Resulta que el agresor está identificado como proveedor de diversos servicios al gobierno federal por sumas que rebasan los 600 millones de pesos, situación que ya evalúan al interior del gabinete presidencial para detenerlas y evitar ser cómplice de un criminal.
En este sentido, Melissa Suárez Velázquez adelantó que va a revelar una red de corrupción y sobornos relacionados con la actual gestión federal en materia de contratos relacionados a limpieza en dependencias de corte federal.
La mujer decidió mostrar fotos con fajos y fajos de billetes, luego de que su marido la golpeara y le provocara que la asistieran en un hospital privado por la gravedad de sus heridas y se generarán tendencias como “#justiciaparamell” y “#todassomosmell”.
José Juan Reyes Domínguez, cuyo hijo es representante legal en Gerlim S.A. de C.V., firma en la que figuran como accionistas Santiago Reyes López y Raúl Reyes Domínguez. Mientras que en Grupo Relissa Servicios Corporativos S.A. de C.V. ha aparecido como representante legal Francisco Javier Rodríguez Mote, a quien se ubica como su sobrino.
Este año, Gerlim se ha anotado por lo menos diez contratos por un total de 53 millones 700 mil pesos, a los que se suman otros 35 convenios en 2019 por 268 millones de pesos.
De acuerdo con Compranet, entre las contratistas se encuentra la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero; Comunicaciones y Transportes, ahora al mando de Jorge Arganis Díaz, y el Centro Nacional de Control de Energía, por mencionar solo algunos.
Por su parte, Grupo Relissa se quedó con el aseo del ISSSTE, de Luis Antonio Ramírez Pineda, a cambio de 385 millones de pesos que se embolsará al término de 2020.
Ante la conducta criminal de José Juan Reyes Domínguez, se sabe que organizaciones de la sociedad civil —como la Confederación Nacional de Profesionistas y Jóvenes de México (Conapro) y el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”— ya preparan un manifiesto que dirigirán al presidente López Obrador.
Vaya lío en que Reyes Domínguez puso al gobierno federal y al del estado de México, del gobernador Alfredo del Mazo Maza, ya que la agresión se registró en el fraccionamiento residencial —y exclusivo— de Loma de Valle Escondido, en lo que se conoce como la Zona Esmeralda de la entidad mexiquense.
Punto Cero
Otro caso, por demás trágico, se registró contra Danna Reyes, joven de 16 años que fue calcinada en un paraje de Mexicali, Baja California, que también ha despertado la indignación del país.
El sábado 22 de agosto, cámaras de seguridad captaron el momento en que un grupo de personas prendió fuego a una especie de envoltorio de cobijas.
En el video, difundido este miércoles, se observa como uno de los agresores arroja el cuerpo por una barda en una calle del fraccionamiento La Condesa. El sujeto la aventó de una altura de casi dos metros hacia un terreno baldío detrás de una unidad habitacional.
El caso de Melissa Suárez y de Danna Reyes no deben quedar, de ninguna manera, olvidados o descuidados por la autoridad mexicana. Sus agresores deben ser puestos ante la autoridad y ellos deberán pagar, de manera ejemplar, por sus delitos.