Alfredo del Mazo Maza pretende jugar a las vencidas con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y las autoridades de alto nivel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que visitan nuestro país.

El gobernante mexiquense ha impedido la salida de la cárcel de tres indígenas nahuas de Tlanixco, pese a que en febrero la Fiscalía de aquella entidad desistió de las acusaciones que llevaron a seis defensores del agua a recibir sentencias corporales por más de 50 años.

Gracias a la intervención de un sin número de organizaciones sociales que velan por las garantías individuales de los más desprotegidos, entre ellas, Front Line Defenders, La Federación Internacional de Derechos Humanos, la Organización Mundial Contra la Tortura, pero sobre todo de la ONU, que se logró cambiar el derrotero sobre el atropello a los derechos humanos por las autoridades mexiquenses.

El año pasado más de diez relatorías especiales de la ONU se dieron a la tarea de revisar el expediente legal en contra de los defensores indígenas de Tlanixco y descubrieron una serie de violaciones al debido proceso judicial, que llevaron a prisión a los activistas mexicanos que defendieron el agua que emana del “Nevado de Toluca” para fines comerciales.

Así, en febrero pasado fueron liberados los indígenas Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Dominga González Martínez, sin embargo, hasta este mes de abril aún siguen presos Teófilo Pérez González, Marco Antonio Pérez González y Pedro Sánchez Berriozábal; y vigentes dos órdenes de aprehensión en la misma causa penal.

Los tres indígenas aún presos han esperado que el mismo espíritu jurídico los haga pisar de manera inmediata la calle, luego que las autoridades locales han reconocido las violaciones al interior del proceso penal, que los llevó a estar en prisión entre doce y 16 años, por delitos inventados y malas prácticas legales.

Con la visita de Michelle Bachelet, titular de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos —quien sostiene una gira de trabajo en México, invitada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador—, las acciones de Alfredo de Mazo hacen pensar que pretende a toda costa sacar raja política y usar el tema como moneda de cambio.

Sucede que el mexiquense desearía “hacerle manita de puerco” a la Secretaría de Gobernación (Segob), quien dirige Olga Sánchez Cordero, para tratar de limpiarse la cara ante la serie de irregularidades que se documentan en la entidad mexiquense día a día y, pedir “un cambio” para liberar a los tres de Tlanixco.

El primo del expresidente Enrique Peña Nieto debe estar confundido, —o, seguramente mal informado— porque de persistir con esta actitud lograría exactamente lo contrario. Olvida que el gobierno federal mantiene una serie de compromisos para hacer efectiva lo que el mandatario divulga día a día: la cuarta transformación en México.

López Obrador logró que la ONU coadyuve a la formación y consolidación del cuerpo de nueva creación de la Guardia Nacional; asesora al gobierno federal para vender el avión presidencial; la compra de medicamentos de alta necesidad; la compra de pipas para transportar el combustible que era robado por grupos delincuenciales; y por supuesto, la asesoría para evitar violentar los derechos humanos.

Ha sido el propio López Obrador quien ha resaltado que el Estado mexicano atenderá todas las recomendaciones que realicen instancias internacionales por violentar las garantías individuales de la sociedad, entre ellas, la que emitió la ONU a favor de los indígenas de Tlanixco.

Lejos de conseguir algún beneficio político, Del Mazo Maza logrará que la sociedad se aleje cada vez más del partido que en décadas pasadas fue el todo poderoso y, más, se aleja del gobierno central. Sólo por citar un ejemplo, hay que recordar que la mayor parte de los 125 municipios mexiquenses los gobierna hoy el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) producto de un cambio de régimen.

En México, los integrantes del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, que dirige José Antonio Lara Duque, — y quienes llevan acompañan la defensa legal de los indígenas nahuas— así como Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, han logrado visualizar que en pleno siglo XXI aún se experimentan graves violaciones contra de los indígenas mexicanos.