En el parlamento abierto realizado en la Cámara de Diputados el pasado 23 de noviembre, tuvimos la oportunidad de exponer los puntos de análisis sobre la reforma propuesta a la Subcontratación, en ellos explicamos que un mal análisis del problema invariablemente generaba un mal diagnóstico y una errónea solución, como está sucediendo con la iniciativa en cuestión, pues está tratando de combatir la evasión fiscal y la subcontratación ilegal prohibiendo la actividad desde el ámbito laboral, dejando de señalar a su causa principal, que no es propiamente la subcontratación como está plasmada en los artículos 15´s de la Ley Federal del Trabajo, sino un entramado mucho más complejo que implica sobre todo la actuación de las autoridades corruptas en este fenómeno.

Expliquemos el tema. El crecimiento exponencial de trabajadores proporcionados por terceros se dio en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto, en 2003 el INEGI registraba 2,146,000 personas, en 2008 3,969,000, en 2013, 5,175,000 y en 2018 6,906,000, un crecimiento del 500%, pero en este proceso no se puede afirmar que es la subcontratación de forma legal la que haya realizado la actividad, pues lo que vimos en esta etapa fue la creación de pagadoras, de cooperativas, entre otros esquemas que buscaban evadir todo tipo de impuestos posibles.

No es de extrañar que este periodo, en el que el estado de derecho se debilitó dramáticamente, creciera el lavado de dinero, el huachicol, las estafas maestras, todas relacionadas con actividades financieras con repercusión fiscal, y que en la búsqueda de lograr negocios ilícitos migraron a una actividad que se había mantenido ajena a estos procesos: la actividad laboral, en donde encontraron una veta de vacíos legales y fiscales. Revisen las notas de periódicos en donde se denunciaba esto, la Secretaría de Hacienda no investigaba, tenía propiamente cerrada el área de análisis porque ellos mismos estaban metidos en el negocio.

Pero nada de esto puede operar sin la complicidad absoluta, la asociación y corrupción de los funcionarios en materia laboral, fiscal y de seguridad social de esos sexenios, este es el verdadero huevo de la serpiente del tema de subcontratación en México y la ilegalidad que hemos visto imperar, cuando los funcionarios se decidieron a ser empresarios de subcontratación ilegal, pues lo que vendían a sus clientes no era un esquema laboral de subcontratación y empleo, sino la impunidad de que nadie sería supervisado, enjuiciado y auditado por llevar a cabo estas acciones de evasión, persiguieron a su competencia y extorsionaban a quienes no los contrataban. La asesoría de los despachos consistía en tener los mejores contactos de corrupción en todo el entramado fiscal y de seguridad social, de cualquier nivel, desde inspectores, delegados, hasta secretarios. Incluso, algún ex ministro de la Corte cerraba la pinza con sus criterios.

Si no se combate este entramado de complicidad, que sigue vigente (allí están los ex secretarios y subsecretarios asociados a empresas), se persigue y sanciona, la desaparición per sé de la subcontratación sólo generará la migración a otros modelos que han operado, como son las figuras mercantiles y civiles (honorarios, prestación de servicios profesionales, comisionistas, cooperativas, etc.), así como el pago de prestaciones por previsión social vía sindicatos de protección, porque lo importante no será el negocio de proporcionar personal por terceros sino la evasión fiscal.

La industria necesita flexibilidad y atender los problemas productivos que vive en un mundo globalizado y de mercado complejo, es muy claro que existe un desfase entre la Ley Laboral y temas como los picos de producción, las temporadas (la pandemia es el mejor ejemplo), la dificultad para contratar y para terminar una relación laboral, pero la inclusión en 2012 de la subcontratación y los nuevos modelos de contratos, habían sido un intento por subsanar esto, obviamente se quedó corto, pero las propuestas como la creación de un padrón de empresas de subcontratación, pero sobre todo, una supervisión interinstitucional a la subcontratación ilegal, además de la retención del 6% de IVA de la miscelánea fiscal pasada, sin duda serán herramientas que permitirán migrar a formas productivas que cumplan las necesidades productivas.

** Mtro. Vladimir Ricardo Landero Aramburu. Maestro en Derecho por la UNAM, abogado postulante.