La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó este jueves 2 de abril en el Diario Oficial de la Federación, un Decreto por el cual se ordena la desaparición de los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal, en los que las dependencias públicas funjan como responsables o mandantes.

El Artículo 5° del Decreto también excluye la extinción de "aquellos fideicomisos públicos, mandatos o análogos constituidos por mandato de Ley o Decreto legislativo, y cuya extinción o terminación requiera de reformas constitucionales o legales, así como los instrumentos jurídicos que sirvan como mecanismos de deuda pública, o que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones”.

Según datos con corte al día 30 de diciembre de 2019, hubo 304 fideicomisos, 27 mandatos y siete análogos que manejan 740,572 millones de pesos; pero no todo estos recursos irán a parar a la Tesorería de la Federación, porque muchos de estos seguirán funcionando.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, comentó en la conferencia matutina del pasado viernes 3 de abril, que lo que se tiene de estos fideicomisos y fondos son 250 mil millones de pesos, los cuales, se usarán para los programas de reactivación económica del país.

Se entiende como fideicomiso público a una entidad que el gobierno federal, o alguna de las instituciones de la administración pública, crea con la intención de llevar a cabo determinado proyecto; para obtener desarrollo económico y social a través del manejo de recursos, que son propiedad del gobierno federal y administrados por una institución fiduciaria.

Son tres los elementos que constituyen un fideicomiso público:

1) Fideicomisarios o beneficiario

2) Fideicomitente (SHCP)

3) Fiduciario (Cualquier institución de crédito)

“De acuerdo al Artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, son fideicomisos públicos los que constituye el Gobierno Federal por conducto de la SHCP, en su carácter de fideicomitente única de la administración pública centralizada, o las entidades paraestatales; con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribuciones del Estado para impulsar las áreas prioritarias y estratégicas del desarrollo”.

Cabe destacar, que el dinero público acumulado en fideicomisos carece de suficientes controles y mecanismos de vigilancia, lo que permite gastar con opacidad.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el último informe de la “Cuenta Pública de 2018, informó que a finales de ese año había 335 fideicomisos públicos sin estructura orgánica, con un monto total de 878 mil 717 millones de pesos. El órgano fiscalizador advirtió de la discrecionalidad en la que operan, a pesar de las obligaciones jurídicas y normativas a las que están sujetos; no se garantiza la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, ni se cumple el objetivo para lo que fueron creados”.

La institución auditora que dirige David Colmenares, apunta “es necesario determinar si (los fideicomisos públicos) su beneficio socioeconómico es el óptimo, y de no ser el caso, redirigir los recursos hacia otras aplicaciones sociales de mayor impacto”.

El Centro de análisis e investigación Fundar, documentó que “desde 2013 se han registrado sobre ejercicios importantes en los recursos destinados a Fideicomisos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Para 2017 el monto aprobado fue de 42 mil 737 millones de pesos y al cierre del año se ejercieron 310 mil 637 millones de pesos, lo que significa que se gastaron 267 mil 900 millones de pesos más de lo aprobado por el Congreso sin ninguna explicación”.

Existen varios fideicomisos públicos sin estructura orgánica que ejercen su presupuesto sin ninguna transparencia, como el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que no da a conocer información sobre las empresas que contrata para la realización de sus tareas, ni tampoco se proporcionan los nombres de los beneficiarios del fondo, y mucho menos, que cantidad de dinero se les otorga; argumentándose el secreto fiduciario y la protección a las víctimas.

El Fondo Mexicano del Petróleo, tampoco cuenta con estructura propia y se constituyó para administrar los ingresos petroleros del Estado mexicano, y también, para poder transferir recursos a otros fideicomisos. Dichos recursos, pudiera ser que sean administrados por particulares, dada la estructura que se hizo particularmente para este fidecomiso.

En diciembre de 2017, se dio la autorización para ceder de manera onerosa los derechos de cobro que tiene el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) de la Autopista México-Puebla, a un Fideicomiso emisor de certificados bursátiles de naturaleza privada, denominado Fideicomiso Maestro; a fin, de que el Fondo reciba certificados bursátiles residuales con un valor nominal determinado, que permitiría recibir ingresos derivados de los derechos de cobro cedidos al Fideicomiso Maestro.

El 25 de octubre de 2018, Gerardo Ruiz Esparza, compareció en el Pleno de la Cámara de Diputados, y aseguró que el Fideicomiso Maestro, que concentrará el ingreso captado del peaje de la Autopista México-Puebla y otras 52 carreteras, fue creado para financiar futuras obras de infraestructura por instrucción del Fonadin y del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras).

En la comparecencia, la diputada Norma Azucena Rodríguez del Grupo Parlamentario del PRD, le aseguró al entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, que con el Fideicomiso Maestro, se acordó que los recursos obtenidos del peaje pasen a manos de privados, donde no hay reglas claras; agregando la legisladora "¿Sabe usted que esta acción es ilegal dado que los recursos que se manejan son públicos?".

En resumen podríamos afirmar que existen muchos fideicomisos que no transparentan sus gastos y que no se sabe si estos están cumpliendo con el objetivo para lo que fueron creados.

Hay sectores de la población molestos con la decisión que ha tomado el Gobierno de la Cuarta de extinguir los fideicomisos, como es el caso de algunos cineastas que ven en esta acción un retroceso para los nuevos creadores que no tendrán acceso a recursos para la realización de sus películas, dejando ese mercado en manos de las grandes compañías.

Esperemos que el Secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera, dé a conocer a la brevedad los fideicomisos que se van a extinguir y de cuánto dinero contara la Tesorería el 15 de abril y más importante saber en qué se van a gastar estos recursos.