La posible extinción del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), fomentada por parte del Gobierno de la Cuarta Transformación, ha planteado varias incógnitas, una de ellas es la referente a cómo la actual administración federal apoyará a la población afectada por los diversos fenómenos naturales, y que destinó tendrán los recursos presupuestarios y extraordinarios del bono catastrófico que se obtendrán si desaparece el fideicomiso. 

Los desastres naturales en México constituyen una fuente significativa de riesgo para las finanzas públicas, sobre todo por los recursos fiscales que se tienen que destinar para la atención de los diversos fenómenos naturales que nos afectan cada año (huracanes, tormentas, inundaciones, sismos y erupciones volcánicas) que causan muertes y daños materiales a la vivienda e infraestructura. 

El gobierno mexicano instrumentó, desde finales de los años 90 el Fonden, pero se ha argumentado que el manejo de sus es poco transparente y tiene una pesada carga administrativa, por lo que es muy probable que desaparezca en el corto plazo. 

En la actualidad, el Fonden está compuesto por dos instrumentos presupuestarios complementarios: el Programa Fonden para la Reconstrucción y el Programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fodepren), y sus respectivos fideicomisos y una parte mínima al Fideicomiso Preventivo (Fipreden). 

El Fondo de Desastres Naturales es financiado a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, y se le otorga al inició de cada ejercicio fiscal una cantidad no menor al 0.4 por ciento del presupuesto federal anual, destinado al Fonden, al Fopreden y al fondo agropecuario para los desastres naturales. En caso de que esta asignación sea insuficiente, la ley estipula que recursos adicionales pueden ser transferidos de otros fondos. 

Desde la llegada del Gobierno de la Cuarta Transformación, se recortó el presupuesto del Fondo, pues de los 26 mil millones de pesos en 2018, hubo una disminución del 86.3 por ciento en 2019, y quedaron sólo 3 mil 644 millones. Para el 2020 sólo se actualizó dicho presupuesto a 3 mil 800 millones de pesos. 

Los recursos del fideicomiso para la atención de desastres naturales son apalancados también con instrumentos financieros de riesgo, como una forma de no tener balances deficitarios, y para esto utiliza seguros y otros mecanismos de transferencia de riesgos como los bonos catastróficos.

El Fonden, a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), que es la institución fiduciaria del fideicomiso, contrata en el mercado mecanismos financieros para transferencia de riesgos del propio Fondo, tales como seguros y bonos catastróficos. 

En 2006, el Fondo de Desastres Naturales transfirió parte de su riesgo de desastres al mercado internacional de capitales, a través del primer bono catastrófico emitido por un gobierno (Cat Mex), con una vigencia de tres años, el cual brindaba una cobertura por 450 millones de dólares contra la ocurrencia de terremotos de grandes magnitudes en las tres zonas de mayor riesgo del país. 

Cuando Cat Mex venció en 2009, Fonden emitió su segundo bono catastrófico con duración de tres años. En esa ocasión la cobertura brinda protección por un total de 290 millones de dólares, de los cuales 140 millones son para sismo y 150 millones para huracanes.

El fideicomiso encargado de atender a la población en caso de desastres naturales adquirió en junio de 2011 una cobertura catastrófica para activos públicos y vivienda de población de bajos recursos a través de un contrato de seguro por un monto de 400 millones de dólares, el cual proveyó protección al Fonden en caso de desviaciones en sus gastos por apoyos a los bienes dañados. 

Para el 2017 y 2018 México emitió bonos sustentables usando los programas del Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento (BIRF), que aseguró al país contra pérdidas derivadas de sismos y ciclones tropicales. 

México recibió un bono catastrófico por 2,700 millones de pesos tras el terremoto de 8.1 grados que sufrió el sureste del país el 7 de septiembre de 2017. 

Pero el bono, que tanto presumieron los gobiernos del PRI y el PAN le costó en realidad más de 77 millones de dólares a México en los últimos 14 años, ya que sólo se ha utilizado para el pago de los sismos del 7 de septiembre de 2017 y el huracán Patricia azotó Colima, en 2015.

En estos dos eventos, México recuperó 214 millones de dólares. Durante el mismo lapso, el país entregó 291 millones de dólares en primas y comisiones del mismo bono.

El bono resultó inútil en 2007, cuando Tabasco sufrió la peor inundación de su historia. No se activó en 2010, mientras las tormentas Alex, Karl y Matthew azotaban los estados del Golfo y de la Península de Yucatán. Tampoco sirvió para resarcir los daños que sufrió Guerrero en 2013, cuando los huracanes Ingrid y Manuel dejaron 157 muertos y pérdidas por 3 mil 41 millones de dólares, según cifras del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). 

Durante sus primeros nueve años, el bono no redituó ni un centavo a México, y tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como el Cenapred, emitieron dudas respecto al instrumento financiero; pese a ello, los sucesivos gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se obstinaron en emitirlos –y perder dinero del Fonden– cada tres años. 

El instrumento de riesgo no fue válido cuando el terremoto de magnitud 7.1 devastó la Ciudad de México, Morelos y Puebla, el 19 de septiembre, ya que la potencia del movimiento telúrico no era suficiente para activarlo; se requería una magnitud superior a 7.5 grados.

El Gobierno de la Cuarta Transformación ratificó en marzo de este año el bono catastrófico que provee al país de una protección financiera por un monto equivalente a 485 millones de dólares (alrededor de 9 mil 500 millones de pesos) contra pérdidas derivadas de sismos y ciclones tropicales.

Si es que se extinguen el fideicomiso del Fonden, el gobierno federal tendrá que establecer las reglas para la atención a la población ante desastres naturales y señalar en qué rubros del presupuesto se utilizaran los recursos del fondo.