El primer minuto de este año vio nacer al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y vio la desaparición del Sistema de Protección Social en Salud y su brazo operativo, el Seguro Popular, que fue impulsado por el gobierno de Vicente Fox Quesada y apuntalado en la administración de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

El nuevo modelo de salud creado por el gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador con el fin de otorgar servicios de salud a las personas que no estén afiliadas a los servicios de seguridad social, ha sido duramente criticado por políticos de oposición, periodistas, académicos, líderes de opinión y seis ex secretarios de salud federal, debido a que está nueva institución cobra cuotas de recuperación para atender enfermedades de las llamadas de tercer nivel, además de causar incertidumbre al tener poco clara su estructura financiera, el de los beneficiarios del funcionamiento de este organismo y de los trabajadores de la salud que lo operan, y no clarificar cómo será la relación de las entidades federativas con el gobierno central.

El Seguro Popular que a partir de este año desapareció, tenía en 2017 a más 53 millones de afiliados. Esta institución atendía 294 intervenciones divididas en 1807 diagnósticos, 618 procedimientos, 633 medicamentos y 37 insumos específicos que podían localizar en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), por lo que podemos afirmar que dicho organismo no daba la atención médica gratuita de todas las enfermedades, como erróneamente afirma varios opositores al Insabi.

La institución que creó Vicente Fox no atendía sin cobro infartos después de los sesenta años, tampoco protegía de accidentes cardiovasculares, no ofrecía diálisis a quienes padecían insuficiencia renal, ni tampoco ayudaba a los enfermos con esclerosis múltiple, o con cáncer pulmonar.

La forma que tenía el Seguro Popular para la operación del programa en las entidades federativas era que el gobierno federal transfería a los estados el 89 por ciento de los recursos para que éstos pudieran operar los servicios de consulta de primer nivel y la hospitalización general de segundo nivel. Pero el problema es que no había una supervisión efectiva del dinero que se daba a los gobernadores, por lo que existía un mal uso de estos recursos.

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) que dirige David Rogelio Colmenares Páramo, informó que los gobiernos estatales tuvieron manejo irregulares entre 2015 y 2016 de recursos del Seguro Popular por más de 19 mil 500 millones de pesos.

Los estados que más abusaron y donde más sospechas de corrupción hubo con el manejo de los recursos para el programa de salud fueron Veracruz que en ese entonces era gobernado por Javier Duarte de Ochoa, quién no utilizó el dinero que le entregó la federación para la compra de medicinas o construir y equipar hospitales; el otro fue Estado de México que en ese entonces era gobernado por Eruviel Avila, que nunca pudo explicar que se hizo en el 2016 con más de 900 millones de pesos del Seguro Popular.

La ASF realizó 32 auditorías a cada una de las entidades federativas de los recursos del Seguro Popular para el ejercicio 2018. Se revisó una muestra de 36,506.4 mdp, de los cuales se observaron 928.7 millones de pesos. De este monto, 892.3 millones de pesos están pendientes de aclarar por diversas irregularidades.

Las entidades federativas con el mayor monto por aclarar fueron Chiapas (218.2 millones de pesos), Tabasco (185.7 millones de pesos), Chihuahua (127.5 millones de pesos), Jalisco (118 millones de pesos) y San Luis Potosí (68.9 millones de pesos).

Ante este panorama, la institución que dirige David Colmenares, indicó que "a 14 años de operación, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud sigue sin contar con información, ni indicadores y metas para evaluar el cumplimiento del mandato del Seguro Popular, relativo a garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud y, con ello, valorar la atención del problema público".

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, también tomó recursos del Seguro Popular, al sustraer en 2015 dinero de su fideicomiso, que es manejado por Banobras, por un monto de 13 mil millones de pesos que no los reintegró la administración de Enrique Peña Nieto.

Integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan) no han firmado la desaparición del Seguro Popular en sus estados para que entre en operación Insabi, esto debido que los mandatarios estatales de Aguascalientes, Tamaulipas, Yucatán, Quintana Roo, Durango, Baja California Sur, Guanajuato y Querétaro, no están de acuerdo con que el nuevo instituto de salud que creó la administración de López Obrador maneje de forma centralizada los recursos.

En mi opinión, la institución de salud creada por en el 2004 era manejada por las entidades federativas con poca transparencia y con serios vicios de corrupción, por lo que se justifica su desaparición, mientras que el nuevo programa el Insabi. .