La minería es una de las actividades económicas de mayor tradición en México, practicada desde la época prehispánica y fuente de la expansión regional desde la colonia. En el México independiente, la participación de la industria minera fue muy importante para el desarrollo económico del país, pero nunca exenta de daños ambientales y conflictos sociales, dada la concentración de la riqueza de esta industria en pocas manos y una gran explotación que se hizo y se sigue ejerciendo sobre los trabajadores mineros.

En 2018 el sector minero aportó el 2.4 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, contribuyó con 379 mil 20 trabajadores, directos y un millón 600 mil indirectos, según cifras de la Cámara Minera de México, Camimex, lo que le hace ser uno de los sectores empleadores más grandes del país. Hoy en día, la industria minera se ubica como el sexto generador de divisas netas del país. Sin embargo, su contribución al fisco es la mitad del promedio para América Latina y el Caribe, de acuerdo con datos oficiales.

La actividad minera en México está concentrado y dominado por pocas empresas, nacionales y extranjeras, que son las beneficiarias de la riqueza de la industria. Los trabajadores mineros, por el contrario, no son tan afortunados, realizan su labor en condiciones muy desfavorables de higiene y seguridad, con muy bajos salarios. Por su parte, las comunidades en donde se desarrollan estas actividades no se ven beneficiadas, sino que sufren impactos ambientales severos, debido a que la extracción minera afecta el ambiente desde el subsuelo hasta la atmósfera, incluyendo suelos y cuerpos de agua.

México se ubica como como el quinto mejor destino a nivel mundial para la inversión en la industria minera, de ahí que 93 por ciento de las 345 empresas que operan en territorio nacional sean de origen extranjero, mientras que solo 21 son mexicanas, según datos del Sistema Nacional sobre Economía Minera.

Del total las empresas extranjeras establecidas en el país, 65 por ciento son de origen canadiense, seguidas por las compañías estadounidenses. El resto de las mineras son, en su mayoría, de origen asiático, además de otras provenientes de Australia, según datos de la Camimex.

El control de la minería en México está en manos de empresas canadienses y de tres consorcios mexicanos, cuyos intereses se extienden al sector financiero y de las telecomunicaciones. La creciente presencia de firmas extranjeras en el país se ha consolidado en la década de gobiernos panistas, aun cuando en el pasado hubo intentos por “mexicanizar” una industria que, desde la época colonial, ha sido expulsora de la riqueza del país.

Las tres empresas mexicanas que dominan la industria mexicanos son: Peñoles, de Alberto Bailleres; Grupo México, de Germán Larrea, y Frisco, de Carlos Slim.

En la actualidad las empresas mineras no pasan por su mejor momento, debido al cierre temporal de esta actividad, por la expansión de la pandemia de coronavirus a nivel global que ha mermado sus ingresos.

La industria de la extracción de minerales en México ya enfrentaba problemas desde antes de la pandemia que inhibían su crecimiento, esto por la caída de los precios internacionales de los productos mineros, lo que ocasionó que las cotizaciones de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayeran significativamente en los últimos dos años, por lo que han bajado sus inversiones sobre todo de las empresas extranjeras.

Las compañías dedicadas a la extracción de minerales han sido favorecidas en los últimos 30 años por las administraciones panistas y priistas, pero el Gobierno de la Cuarta Transformación, al parecer no está dispuesto a favorecer a los empresarios de esta industria.

El pasado miércoles 10 de junio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que empresas mineras canadienses quieren ir a tribunales internacionales por sus diferencias con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por el pago de impuestos, por lo que el jefe del ejecutivo pidió al embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, interceder en el caso.

Las compañías mineras en México pagan poco al fisco. En un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) del 2018 calculó que los ingresos fiscales que recibe México por parte del sector minero representan 0.2 por ciento del PIB, la mitad del promedio regional, pese a que país concentra 20 por ciento de las exportaciones mineras y 15 por ciento de la Inversión Extranjera Directa (IED) entre los países latinoamericanos.

La historia de cómo han sido favorecidas los consorcios mineros en el país azteca se remonta a la Ley Minera de 1993, promulgada en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que ofreció grandes facilidades para la privatización del sector minero y también para la inversión extranjera en esta actividad económica; esta ley también eliminó por completo el régimen de regalías, el cual es común en la industria minera en todas partes del mundo, y el sistema impositivo mexicano sólo imponía el pago de 1.2 por ciento sobre el valor del producto exportado. Las empresas mineras sólo pagaban impuestos federales, ningún impuesto estatal, ni municipal.

La Auditoría Superior de la Federación, ASF, en su informe del 2010, reporto que las multinacionales mineras que están en nuestro país tuvieron ingresos por 552 mil millones de pesos entre 2005 y 2010, pero sólo pagaron 6 mil millones de pesos en impuestos; esto es, poco más de 1 por ciento de sus ganancias.

La Reforma Fiscal de 2014 creó nuevos gravámenes para los consorcios dedicados a la extracción de minerales y esto incrementó entre 50 a 100 por ciento el pago de derechos por hectárea en concesiones no exploradas o explotadas en dos años continuos de la tenencia de la concesión. En 2017 las empresas sólo erogaron de 6.77 pesos por hectárea en los primeros dos años de la concesión a 148.06 pesos por hectárea desde el año 11 de la misma, según las cuotas marcadas por la Secretaria de Economía.

El sector minero ya aporta dinero para las comunidades donde opera. Sin embargo, de 5 mil 531 millones de dólares de inversiones estimadas por la Camimex en 2017, apenas 0.71 por ciento, es decir, 39.6 millones se destinaron a desarrollo y apoyo comunitario.

Las empresas mineras, nacionales y extranjeras, no sólo recibían exenciones fiscales y leyes muy blandas en lo que respecta a la seguridad de los trabajadores mineros, sino también la concesión de grandes extensiones del territorio nacional. Se calcula que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, concesionaron 52 millones de hectáreas a empresas mineras, según datos de la Dirección General de Minas, esto equivale al 26 por ciento del territorio nacional.

En la conferencia mañanera del pasado 24 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la administración de Felipe Calderón concesionó el mayor número de hectáreas de territorio a empresas mineras del que se tenga registro desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

El mandatario expuso que Calderón Hinojosa concesionó 35.5 millones de hectáreas, seguido de Ernesto Zedillo que entregó 34.6 millones; mientras que Vicente Fox cedió 24.9 millones, añadiendo que en su administración no ha entregado ninguna concesión a empresas mineras y que revisaría los contratos existentes para verificar que no afecten zonas naturales protegidas o a comunidades indígena.

Llama la atención que sea el expresidente Calderón que se ostente como ecologista, cuando fue su administración la que mayores concesiones mineras otorgó, las cuales han deteriorado el medio ambiente de donde se instalaron y como dice el actual mandatario ¿y dónde estaban los grupos ambientalistas cuando se otorgaron los permisos?.

En una investigación sobre la industria minera en México elaborado en 2013 por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDMIM) de la Secretaría de Gobernación, se llegó a la conclusión de que: las empresas canadienses que asumen conductas ejemplares y responsables en su nación son “a ciencia cierta las empresas más corruptas cuando invierten en el sector minero en México”.

El estudio habla que las mineras provenientes del país de la hoja de maple hacen aquí todo lo que no pueden hacer en su nación: tienen impuestos ridículamente bajos, contaminan y envenenan las tierras donde medran, pagan salarios miserables, se burlan de las leyes laborales y a base de corrupción despojan a campesinos y a pueblos indígenas. Son las mineras canadienses, a las cuales sucesivos gobiernos mexicanos han otorgado concesiones que ya abarcan casi la mitad del territorio nacional”.

La dificultad con las empresas mineras no es solamente que pagan muy pocos impuestos, y que el otro gran problema es acaparan, contaminan y sobreexplotan el agua de las zonas donde extraen los minerales. Grupo México de Germán Larrea y la canadiense Goldcorp encabezan la lista de las que más litros de agua ocupan para la extracción de los minerales.

En agosto de 2014 la minera de Germán Larrea, derramó químicos tóxicos en el Rio Sonora, provocando la contaminación de las aguas y causando afectaciones a los habitantes de la zona. Lo peor del caso es que a más de 5 años del evento el río sigue contaminado.

El problema que enfrenta el Gobierno de la Cuarta Transformación con la industria minera es grande, ya que es una actividad que está dominada por muy pocas empresas y muchas de estas son de capital canadiense. Los consorcios mineros pagan pocos impuestos, y se acostumbraron a grandes facilidades fiscales, y con poco respeto a las leyes laborales y ambientales, lo que quiere corregir la actual administración pero esto no será fácil dado el poder económico de estas empresas.