A un año de haber llegado al poder, Andrés Manuel López Obrador debe tener claro que gobernar es una tarea difícil, harto complicada, y que no es lo mismo ver los toros desde las barreras. Ahora, en medio del ruedo, capote de la estructura gubernamental en mano, debe haber comprendido que no sólo hay que atender a la realidad, que es una bestia que no se doma con dichos o refranes populares como los que le funcionaban cuando andaba en campaña, sino también al público exigente que empieza a chiflarle desde las graderías, desesperado por las demasiadas “verónicas”, de tan vistosas que terminan en charlotadas.

Hay muchos factores que inciden en la realidad y ésta, terca por naturaleza, no puede cambiarse fácilmente ni sólo por la simple voluntad del gobernante. El ejemplo más claro es en el tema económico. Durante muchos años, el hoy presidente dijo que si perdían los de siempre y le dábamos la oportunidad de gobernar, el crecimiento del país no sería lo que los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN habían logrado a partir de los años ochentas, sino que sería de por lo menos 4 puntos anuales del Producto Interno Bruto.

La verdad es que era un discurso esperanzador, pero ilusorio, que al paso de los meses parece falso. La economía no se “doma” ni siquiera se “gobierna” con base a lo que quiere un presidente, por más poderoso que éste sea. Hay factores que pesan y uno, el que más, es la inversión privada, nacional y extranjera. Y ahí están los problemas, porque el gobierno de la 4T no ha sabido enviarle a los capitales privados buenas señales de que México sigue siendo el país de oportunidad que veían antes para considerar instalar sus negocios.

Las medidas tomadas por el presidente en el caso de cancelar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y de construir obras que son señaladas anticipadamente como inviables, lo mismo el aeropuerto de Santa Lucía que la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya, así como las asignaciones directas de obras públicas, son mensajes contraproducentes que ahuyentan la inversión. Los empresarios nacionales ofrecen que van a invertir, pero como el poderoso Grupo FEMSA, prefieren llevar sus dineros a países donde tienen más garantías, como Brasil.

Ahora mismo, el gran logro de haber firmado un nuevo tratado de comercio (de lo más neoliberal, por cierto, cuando muchos apostaban que México se iba a unir al mercado de los países bolivarianos) con Estados Unidos y Canadá se ve ensombrecido por la realidad que es ajena al voluntarismo presidencial; por un lado, los senadores republicanos anunciaron que van a acompañar a los entusiastas demócratas que empujaron fuerte por el TMEC sólo después que se dirima el juicio contra el presidente Trump, con el que aquellos quieren quitarlo de la presidencia.

El otro elemento que vino a ennegrecer el panorama del festejo morenista (insisto, en torno a un acuerdo comercial que representa en términos económicos a la política neoliberal, “la madre de todos los males de México” según López Obrador) es la división en el sector empresarial. Mientras que el Consejo Coordinador Empresarial aplaude no sólo el acuerdo sino las modificaciones que por cierto, no se conocen a ciencia cierta y que sin embargo dejaron satisfechos a los demócratas norteamericanos (lo cual debe llamarnos a sospecha, siempre), la Confederación Patronal, la Coparmex, no dudó en decir que se trató de un acuerdo “entreguista” a niveles de la época en la que México perdió la mitad de su territorio ante el vecino país del norte.

No es un asunto menor que los festejos por el TMEC se vean afectados de situaciones que lo disminuyan o que impacten negativamente en él. En el caso de los dos temas referidos, López Obrador poco puede hacer ante el hecho de que el acuerdo se ha convertido en rehén de la disputa política entre demócratas y republicanos; es un asunto que sale de su competencia.

Sin embargo, donde puede influir e impactar es en el terreno interno, donde los empresarios que ahora se confrontan internamente, lo menos que esperan es señales claras de que de verdad el gobierno de la llamada Cuarta Transformación los necesita para mover la economía del país y no los considera enemigos, personajes que empobrecieron a los mexicanos al amparo del neoliberalismo, y a los que hay que enfrentar con leyes duras como esa de calificar el no pago de impuestos o las facturas falsas, como delincuencia organizada, y aplicarles de manera selectiva a los dueños del capital, la extinción de dominio, una ley en la que primero venden tus propiedades y luego averiguan si eres culpable o no de algún delito.

Hasta ahora, lo que impera es el mensaje de que el gobierno lopezobradorista no necesita a los empresarios, que puede sólo con el apoyo de unos cuantos (que resultan ser los de siempre, ¡vaya la cosa!), sacar adelante sus proyectos como la Refinería de Dos Bocas o el Tren Maya, y que con eso será suficiente si se sigue repartiendo el presupuesto entre los más pobres. La economía de un país no va a crecer con esa visión que puede considerarse estatista, contrario al neoliberalismo que impulsan los socios del TMEC.

De hecho, hay que decirlo con todas sus letras; justamente porque el acuerdo comercial ratifica la línea de desarrollo neoliberal en México, es de nuevo la gran oportunidad para lograr el crecimiento económico en los indicadores claves del país, que López Obrador menosprecia. Una vez firmado este documento, lo que debería seguir es que el presidente se decida a hacer una gran alianza con el único sector que puede mejorar los indicadores de crecimiento económico, con los inversionistas y empresarios, porque la política asistencialista que impulsa la 4T siempre va a ser insuficiente para mover al país hacia el futuro mejor que merecen los mexicanos.