Reflexione por un instante e imagine que el gobierno de su entidad ha creado un fideicomiso para llevar a cabo una serie de proyectos de inversión, que derivó de un empréstito que, entre otros efectos, contribuye a aumentar la deuda pública. Ahora suponga que tiene interés en conocer cómo, cuándo, en qué y hacia dónde se destinó ese recurso público pero la respuesta de la autoridad le dice que no puede proporcionar los datos porque, entre otros aspectos, no está obligado por ley.
Pues bien, de esa magnitud se quiere modificar el proyecto de ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) que se está discutiendo en el Senado. Ley que por cierto, los propios legisladores incumplieron en aprobar en el plazo que se había convenido tras las reformas aprobadas el año pasado y que hasta el 7 de febrero era la fecha límite.
De hecho, son 80 observaciones que hicieron, entre otros actores y posibles sujetos obligados por la citada ley, como el Banco de México, el gobierno federal, el PRI, el PVEM, la Consejería Jurídica de la Presidencia, entre otros. Una de ellas, y muy importante promovida por el PRI y el PVEM fue el artículo 23, relacionado con los fideicomisos. El texto básicamente pretende exentar de responsabilidades y obligaciones a los fideicomisos y fonos públicos que no cuenten con estructura orgánica y que no sean, en consecuencia, considerados entidades paraestatales (Una mejor consulta está en: Proceso, número 1998, 15 de febrero de 2015, página 32).
De acuerdo a información que proporcionó La Secretaría de Hacienda, en el último cuatrimestre de 2014, existían 352 fideicomisos que manejaban alrededor de 452,454 millones de pesos. Su acceso es restringido excepto para los usuarios autorizados por la dependencia a cargo. De ese total, un 21.7% (46 fideicomisos que representan 98,365 millones de pesos) corresponden a infraestructura pública; un 21.2% (120 fideicomisos que equivalen a 96,089 millones de pesos) que son de apoyos financieros; 20.7% (6 fideicomisos que representan 93,573 millones de pesos) destinados a estabilización financiera y; 17.2% (24 fideicomisos que son 77,681 millones de pesos) para pensiones.
Hay, por consiguiente, un fideicomiso más y mucho mayor que, de proceder esta iniciativa, la sociedad no sabría en qué y cómo se aplicaría: el Fondo Mexicano del Petróleo.
Es indudable que existe una evidente intención de hacer de la LGTAIP un documento regresivo, acotado e imposibilitado de otorgar una herramienta tan importante al ciudadano. En lo personal, y ya lo he afirmado anteriormente, el actual gobierno federal no tiene intención de fortalecer la transparencia ni mucho menos combatir la corrupción.
Pero quienes hoy discuten y deciden el futuro de esta ley son omisos en señalar los gastos discrecionales que se asignan a cada uno de sus Grupos Parlamentarios. Tan solo en lo que va del período de septiembre de 2012 a diciembre de 2014, los diputados se entregaron un aproximado de más de 2,841 millones de pesos para subvenciones y gastos que cada Grupo Parlamentario necesite. De ese total, el PRI fue el partido que más recurso obtuvo ?por tener la bancada más numerosa- con poco más de 1,127 millones de pesos, seguida por el PAN con poco más de 659 millones de pesos y el PRD con 559 millones, aproximadamente.
Además de esta partida, existe otra que se denomina subvenciones extraordinarias, un recurso que tuvo su origen en 2009 y que podía invocarse por una sola vez en casos excepcionales, siempre y cuando existiera la disponibilidad presupuestal para ello. En la actual Legislatura, tal subvención se ha convertido en una tradición. Sólo de 2012 a 2014 los partidos se auto entregaron un total de 489 millones 464 mil pesos, siendo el PAN y PRI los que mayor recurso obtuvieron, con 136 millones 136 mil pesos y 135 millones 256 mil pesos, respectivamente.
Si hoy quienes pretenden reformar y fortalecer el marco legal de la transparencia y acceso a la información no coadyuvan en la práctica, muy poco se puede esperar sobre una legislación que represente una verdadera herramienta ciudadana frente al gobierno. Lo más lamentable de todo esto es que de ambas partidas presupuestales que se aprobaron los diputados, sencillamente no le rinden cuentas a nadie como nadie sabe cuál es el destino de los más de 3,200 millones de pesos que desde el 2012 llevan erogando.
El tintero.
La izquierda en México tendrá una severa caída no sólo por los últimos resultados insatisfactorios que ha dado a la sociedad sino por la lucha y división interna que tienen hoy. La exclusión de cuadros políticos como Marcelo Ebrard de la lista de candidatos a diputados federales por la vía de la representación proporcional habla de las irreconciliables posturas de sus hoy líderes de sector. La amenaza de MORENA en el Distrito Federal, aunada a su de por sí tradicional división y la mala imagen del hoy Jefe de Gobierno no ofrecen un panorama positivo al PRD. Necesitan con urgencia una medicina que los coloque en la pelea nuevamente.
La Auditoría Superior de la Federación informó que en la cuenta pública de 2013, el Congreso de la Unión destinó 500 millones de pesos para la conservación de la propia sede, pero resulta que la mitad de ese presupuesto se fue a otros conceptos como comunicación social, telefonía, eventos y hasta alta peluquería. ¿Quién los detiene?
(*) Internacionalista, Maestro en Ciencias en Estudios en Relaciones Internacionales, investigador independiente y analista político. http://columnapensamiento.blogspot.mx/