En su cuenta de Twitter, Andrés Manuel López Obrador soltó el siguiente mensaje: «hace 10 años fue la Ley de la Transparencia con el IFAI que cuesta mil millones y no sirvió. Ahora es la Ley 3de3, otra mascarada. Se pasan». Si bien AMLO critica decisiones que su partido avaló (de mesías tropical, el Peje pasa seguido a fariseo costeño), tiene razón en que el sistema mexicano de transparencia es costoso e inservible.

Poco importa si el órgano garante tiene el acrónimo Inai o Ifai, su misma existencia es un insulto al diseño constitucional de un Estado de Derecho. De forma pomposa se le suele llamar «organismo o entidad de frontera», para no reconocer que es una oficina que no está sujeta a los controles de la legalidad que se exigen a cualquier autoridad en una democracia. Una parcela de las decisiones del Inai es siempre definitiva, como si fuera una corte suprema, con el agravante de que sus comisionados no tienen la exigencia de ser especialistas en Derecho, por lo que las ocurrencias de un profano pueden convertirse en resoluciones definitivas e inatacables.

Por si fuera poco, el Inai ha mostrado, en los hechos, que sus criterios son una rara combinación de impertinencia e inutilidad. Un ejemplo reciente de esa sosería se encuentra en la orden del Instituto para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) revelara el número total de sus drones. Excedería la extensión de este artículo enumerar las faltas de esa resolución y las consecuencias negativas (tanto actuales como potenciales) de proporcionar esa información. Baste con decir que los argumentos expresados por el Inai evidencian que la seguridad nacional no es un tema que sus comisionados entiendan y que cualquier estratega puede hacer mucho daño con saber la cantidad de drones de la Sedena (sin necesidad de otras informaciones): un especialista puede calcular, con el total de dispositivos, escenarios de cobertura, áreas máximas de vigilancia y, con dos gramos de sentido común y lectura de los medios, establecer las zonas específicas de vigilancia y el grueso de aparatos dispuestos para ello. Sin embargo, Al Inai todo esto le importó sorbete.

La inutilidad del Inai es más fácil de comprender: a pesar de la carretada de miles millones de pesos que cuesta el sistema mexicano de transparencia, las administraciones, gobiernos y autoridades siguen instalados en la opacidad. Solicitar información pública es, para la gran mayoría de los ciudadanos interesados, un ejercicio de resistencia con resultados deprimentes. Si bien el Inai, de repente, ordena poner en acceso lo que no debe, en la mayoría de los casos emite resoluciones cuya ejecución es virtualmente imposible o cuyo resultado, en la práctica, sirve para muy poco. Algo semejante puede señalarse de los órganos locales de transparencia, versión real de un tribunal de Chespirito, dedicados a impartir sanciones a funcionarios de quinto nivel o de nula importancia, en lugar de actuar como entidades efectivamente preventivas y facilitadoras del acceso proactivo a la información pública. No, esos órganos garantes lo único que aseguran es el estado de terror sobre burócratas, políticos y funcionarios: cuestan demasiado para ser inquisiciones de pacotilla.

Si se divide el presupuesto otorgado a cualquiera de esos organismos entre el número de asuntos que resuelven, el resultado es terrorífico: en 2015 cada recurso atendido por el Ifai costó más de 112 mil pesos (contabilizando en los que incluso se desecha el procedimiento). Planteado de otra forma: ¿a qué tribunal de este país se le dan casi 900 millones de pesos anuales para que atienda 8 mil juicios? No obstante, a una cosa que no es un tribunal y que no opera con abogados, se le entrega esa cantidad insultante de dinero para hacer cuestiones irrelevantes, que no impactan en la vida de la mayoría de los mexicanos.

Si bien AMLO es un cínico, lo cierto es que el sistema de transparencia es inservible y caro, como él lo señala. Habría que agregar que la Ley 3 de 3, aún en los términos en que se propuso, solo es más pan con lo mismo (y solo servirá para martirizar a las personas con ingresos menores en el sector público), pero eso es tema de otra columna.