Los Compromisos del Gasto Público:

Sin lugar a dudas mucho se ha comentado en fechas recientes sobre los retos que en materia presupuestaria enfrentan las finanzas públicas en México, a la duplicidad de programas sociales se suma, el rezago en el desarrollo de infraestructura en sectores como el energético, educativo, salud, transporte y comunicaciones, campo, tan sólo por citar algunos.

A lo anterior se añaden los programas estratégicos y de alto impacto social y productivo que ha venido anunciando el nuevo gobierno desde la campaña presidencial y que a prácticamente dos meses de iniciar su gestión busca como financiar.

Existen dos consensos generalizados entre los especialistas y que resulta imposible pueden dejar a un lado:

a) El primero radica en la necesidad de reducir el gasto superfluo del gobierno para hacerlo más eficaz y eficiente; en este sentido la nueva administración ha hecho ya un planteamiento muy concreto en términos de austeridad presupuestaria, que incluye desde la reducción de los sueldos y prestaciones de los funcionarios públicos, así como su número de plazas, hasta la eliminación de partidas de gasto, pasando por la eliminación y/o compactación de subsecretarías y demás puestos equiparables en los entes públicos.

b) El segundo es el hecho de que en la actualidad el presupuesto público o gasto público se enfrenta a una serie de compromisos jurídicamente definidos o estratégica y socialmente necesarios que los hacen ineludibles, y que representan una gran parte del presupuesto anual del gasto, es decir, que se puede definir como un gasto ya comprometido.

Así por ejemplo, para el presente año el presupuesto de gasto total que se aprobó fue de 5.27 billones de pesos; sin embargo a esta cifra habría que restar lo siguiente:

√ El pago anual de los intereses de la deuda (del gobierno, de Pemex y de CFE), de casi 650 mil millones de pesos.

√ Las participaciones a los estados de la República, que son un porcentaje de la recaudación total, mismos que están definidos en la ley respectiva y que para el año en curso representan casi 812 mil millones de pesos.

√ El pago de las pensiones a los jubilados ya que es un compromiso social y jurídicamente ineludible y que para el presente año ascenderá a 800 mil millones de pesos.

A lo anterior, se añade la nómina gubernamental en la que se encuentran los médicos, maestros, policías, así como el personal de las fuerzas armadas y que aun descontando la reducción del salario de los “altos funcionarios públicos y sus prestaciones” no es menor a 1 billón de pesos.

De manera adicional, el gasto que actualmente se canaliza al IMSS, al ISSSTE y a la Secretaria de Salud y sus hospitales, asciende en conjunto a poco más de 1 billón de pesos.

Y si además consideramos que el gasto destinado actualmente a Pemex y a CFE es de 780 mil millones de pesos y lo que ha planteado la nueva administración es incrementarlo más que reducirlo, entonces podemos asumirlo como irreductible, por lo cual se obtiene lo siguiente:

Resulta claro que al menos entre un 90 y un 95% del Presupuesto actualmente se encuentra comprometido y por más austeridad y reingeniería del gasto que se pretenda implementar, difícilmente alcanzará para llevar a cabo los proyectos que la nueva administración pretende implementar, ya que lo que se enfrenta es a la necesidad de reasignar pero también incrementar el gasto público de inversión, y en todo caso se puede poner en riesgo la operatividad del gobierno si este ajuste presupuestario se lleva a cabo sin el debido cuidado.

Al escenario anterior, la nueva administración ha planteado dos restricciones adicionales:

√ La primera consiste en NO incrementar el déficit público, es decir, en no mover el endeudamiento público

√ La segunda no menos importante es la de NO crear nuevos impuestos, así como mantener los precios de la electricidad, gasolinas y gas, en su nivel y únicamente actualizarlos por la inflación.

Que Alternativas se proponen:

Una alternativa que debería de considerarse tiene que apuntar hacia el incremento de los ingresos públicos, pero sin que esto implique la creación de nuevos impuestos, ni tampoco el aumento a las tasas impositivas, por ello la alternativa que debiera ser considerada consiste en la revisión y derogación de algunos “regímenes fiscales especiales” o “tratamientos fiscales especiales” que existen en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y que permiten a las grandes empresas y/o a las grupos empresariales consolidados, utilizar esos tratamientos especiales, para pagar menos impuestos de lo que en realidad deberían de pagar, de no existir dichos regímenes o tratamientos fiscales especiales; es decir evitar que “eludan” el pago de impuestos.

De hecho, en el pasado el presidente electo y su equipo económico, propusieron iniciativas tendientes a lograr ese objetivo, luego entonces, ¿por qué ahora se han olvidado de ellas?

Algunos de los regímenes fiscales especiales o tratamientos fiscales especiales son los siguientes:

√ La consolidación fiscal

√ La depreciación acelerada de activos

√ La utilización de precios de transferencia con sus filiales en el extranjero.

√ Los pagos de tecnología y pagos de patentes o derechos de autor, a

empresas que estos mismos grupos establecen en países de baja tributación.

Estas “planeaciones fiscales” se llevan a cabo con el objeto de disminuir la base gravable del impuesto, es decir disminuir artificialmente la “utilidad que es sujeta al pago de impuestos” y con ello, pagar menos impuestos al fisco, de los que se deberían pagar.

En otras palabras, estas planeaciones fiscales debido a la existencia de los tratamientos especiales, permiten la posibilidad de generar los llamados “impuestos diferidos” que año con año estos grandes grupos empresariales mantienen y renuevan y que nunca entregan al fisco federal.

Si bien la reforma fiscal aprobada en 2014 buscó cerrar algunas ventanas en la ley que permitían a las grandes empresas llevar a cabo estas estrategias fiscales, lo cierto es que no lo logró en su totalidad, ya que a la fecha se siguen registrando por esos grupos empresariales los llamados “impuestos diferidos”.

De esta manera, de una muestra de 9 grandes empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se observó que a pesar de que en conjunto registraron ventas por 2 billón 958 mil millones de pesos, y de haber registrado una utilidad bruta de 766 mil millones de pesos, su pago de impuestos fue de apenas 88 mil 661 millones de pesos; es decir apenas 2.99% de las ventas totales y apenas el 11% con respecto a la utilidad bruta.

Contrariamente los impuestos diferidos registrados fueron de 81 mil millones de pesos, cifra inclusive mayor a la registrada para 2011, (57 mil 908 millones); es decir antes de la reforma fiscal aprobada en 2014.

Cabe resaltar que el monto de los “impuestos diferidos” es prácticamente similar al de los impuestos efectivamente pagados, lo que en otras palabras significa, que por cada peso que pagaron, la existencia de estos tratamientos especiales les permitió diferir otro peso.

Es decir, que de no existir estos tratamientos, la cantidad de dinero entregada al fisco federal hubiese sido casi el doble, esto es; los impuestos pagados más los impuestos diferidos.

Cabe señalar que los 81 mil millones de pesos, en impuestos diferidos, que estos 9 grupos empresariales registraron, equivalen, en el presupuesto para 2018, al total del gasto asignado a la SEDENA (81,021 mdp); duplican al gasto de inversión destinado a CFE (44,261 mdp); duplican al Programa de Pensión para Adultos Mayores (39,400 mdp) y superan al gasto destinado al Seguro Popular (68,900 mdp) tan solo por citar algunos ejemplos.

Se estima que entre 300 y 400 grupos empresariales recurren a estos mecanismos para reducir los impuestos que pagan al fisco federal, por lo que de no existir estos tratamientos fiscales especiales, la recaudación generada por estos grandes contribuyentes sería 4 o 5 veces superior a su nivel actual

Es conveniente señalar que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) estaría en condiciones de presentar un informe más amplio y detallado sobre el monto y número de empresas que recurren a este tipo de estrategias, hasta hoy originadas por la existencia de regímenes y tratamientos fiscales especiales.

Finalmente, conviene señalar que en octubre de 2009, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), entrego a la Comisión de Gastos Fiscales un Informe sobre la consolidación fiscal.