Durante los últimos días el mundo se estremeció por el deceso en Minneapolis de George Floyd, un afroamericano que dejó de existir a causa del sometimiento de una persona que, en supuesto debía estar ahí para procurar la seguridad de todos, no para suprimir la existencia de nadie.

Este lamentable acontecimiento indignó por igual a la población estadounidense, por lo cual sucedieron actos de protesta en todo Estados Unidos, lo cual fue acompañado con movilización de cuerpos de seguridad pública, guardia nacional, además de amenazas directas de su presidente Trump en contra de las protestas.

Mientras tanto, en nuestro territorio, los mexicanos nos incendiamos con la noticia de que el pasado 04 de mayo, un trabajador de la construcción, de nombre Giovanni López fue llevado por oficiales de seguridad municipal, contra su voluntad, aún no se sabe a dónde, ni tampoco los motivos del por qué lo “levantaron”, el hecho es que la siguiente noticia que tuvieron sus familiares de él fue su muerte, esto desencadenó la cólera de sus paisanos jaliscienses y, a la postre, de ciudadanos en la Ciudad de México quienes se organizaron para acudir a la embajada de Estados Unidos de América y protestar por el asesinato de George Floyd y de ahí pasar a la representación de Jalisco en la capital de México para hacer lo mismo, ahora por Giovanni.

En este orden de ideas, los gobiernos estatales de Jalisco y Ciudad de México desplegaron fuerzas de seguridad pública con miras a preservar el orden, sin embargo, ambos cuerpos de seguridad cometieron excesos, ya que golpearon a ciudadanos no actuando en un plan de contención, sino de agresión directa, caso concreto pudiera ser las patadas que sufrió ya en el suelo, por lo menos en dos ocasiones, por dos oficiales diferentes, una joven menor de edad a quien se le identifica como Melanie.

Todos estos sucesos son lamentables para la sociedad, porque develan, casi sincrónicamente la falta de respeto hacia la vida, que debe ser atendida por el valor supremo de la existencia humana, al igual, se observa de modo deleznable la supresión del derecho de igualdad de las personas, pues si George Floyd o Giovani López fueron suprimidos de la vida por fuerzas del Estado sin orden judicial ni proceso en tan solo instantes, quién nos asegura que no seremos los próximos a quienes se nos violan los derechos humanos.

Esto es angustiante, no para caer en el fatalismo o la ansiedad de ni siquiera intentar salir a la calle, sino para organizarnos como sociedad y exigir a las administraciones que nos representan, por lo menos en México, que respeten los derechos humanos, puesto que, en ambos casos, de George Floyd y Giovani López fueron violados prerrogativas como el derecho a la vida.

El respeto a los derechos humanos no debe ser reconocido sólo en los documentos, sino debe materializarse en la realidad, por ello, todas las autoridades deben actuar conforme a lo que la ley establece y no de forma arbitraria.

Al respecto, nuestra constitución tutela y reconoce que todas las autoridades deben respetar los derechos humanos que establece la Constitución así como los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, entre ellos está el derecho a la vida o la prohibición de la pena de muerte.

En materia de derecho internacional, además de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución federal, México reconoce la necesidad de implementar medidas para evitar las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, las cuales pueden derivar de otras violaciones a derechos humanos como la desaparición forzada, de ahí la necesidad de dar a conocer los protocolos de actuación a los cuales deben y tienen que someterse cualquier cuerpo de seguridad pública.

Tristemente, todo lo descrito se presenta en el contexto perverso para México, pues se vive a la par de la pandemia de Covid19; de una inactividad económica que se traduce en la imposibilidad de muchísimas personas de cubrir necesidades básicas y; en vez de atender este tipo de problemáticas, observamos cómo los tres ámbitos de gobierno se envuelven en cuestiones políticas con una gran falta de seriedad, entre dichos del gobierno de Jalisco que acusa de los sucesos llevados a cabo en dicha entidad a la federación y la Ciudad de México, pero sin haber exhibido pruebas de ello; muy cerca del inicio del año electoral, es decir, todo esto es una triste mezcla de realidad, por ello, lo mejor es que todos nos informemos, seamos sumamentes críticos y antes de incurrir en la intolerancia apretar a aquellos que produzcan inestabilidad con la razón y los cauces racionales de la administración y el Derecho.

Yuri Pavón Romero

Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM

@lanavajadeockam