Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobaron esta semana un dictamen con proyecto de decreto para expedir la Ley de Pensión Universal y por el que se modifican diversos ordenamientos legales para crear un seguro de desempleo. Al respecto, cabe recordar que ambos mecanismos fueron planteados en el ya quebrado Pacto por México,  por lo que en octubre del año pasado fueron aprobadas sendas reformas constitucionales para garantizar la creación tanto del seguro de desempleo como de la pensión universal. Habrá que estar pendientes a la “letra chiquita”, para saber cómo se financiarán ambos sistemas y para conocer realmente el impacto benéfico que tendrán para los desempleados y para los personas de la tercera edad, aunque de ya se conoce que el seguro de desempleo únicamente beneficiará a aquellos que haya cotizado durante un cierto período de tiempo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, dejando fuera a los derechohabientes del ISSSTE.

La próxima y segura aprobación de estos mecanismos de seguridad social por parte del Congreso de la Unión constituye, con todo y las restricciones que se lleguen a plasmar en la redacción de las leyes correspondientes, un triunfo para los sectores que propugnan una sociedad más igualitaria. Prácticamente todos los países desarrollados cuentan con estos pilares del Estado de Bienestar –aunque los europeos estén pasando una difícil situación económica que la derecha achaca a ese mismo estado de bienestar-, que ha permitido que, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el nivel y la calidad de vida de sus ciudadanos se haya elevado enormemente.

Y es que la pensión universal y, sobre todo, el seguro de desempleo, no solo constituyen medidas de estricta justicia social al proveer un techo mínimo de bienestar  a personas que ya sea por una crisis económica o por no tener la capacidad física para trabajar, pierden su fuente principal de ingresos; sino que, dentro de los conceptos básicos de economía que se pueden consultar en los más solicitados libros de texto que estudian los aspirantes a economistas en cualquier universidad, constituyen unos auténticos “estabilizadores automáticos de la economía”, lo que quiere decir que, que cuando el ciclo económico atraviesa por un período de depresión que hace que el Producto Interno Bruto se desplome, con la consecuente pérdida de empleos y el derrumbe de la demanda, automáticamente entran en operación los seguros de desempleo que impide que las personas que acceden a ese derecho dejen de consumir tan abruptamente y permite que las ventas de los negocios no se desplomen en forma colosal, con lo que la economía se estabiliza. De haber operado en México un seguro de desempleo y una pensión universal durante la crisis de 1994, la caída del PIB y el monstruoso aumento de la pobreza no hubieran sido tan devastadores para nuestro país.

La mejor forma de financiar y operar el seguro de desempleo y la pensión universal es teniendo un crecimiento económico fuerte y sostenido que permita que los ingresos fiscales del Estado  aumenten, ampliar la base gravable, una burocracia profesional basada en la meritocracia y una política de Estado contra la corrupción que impida fugas de recursos. Por lo pronto, aplaudamos esta reforma social estructural, que espero permita disminuir tanto la enorme desigualdad que persiste en nuestro país como la brecha entre pobres y ricos.