La semana pasada diversos medios nacionales dieron a conocer la existencia de cinco denuncias en contra de Roberto Valdovinos, funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por violencia hacia mujeres trabajadoras de la dependencia. El aludido salió de inmediato a desmentir las acusaciones en un comunicado cuyo texto señala en una de sus partes: “…en ningún momento he tenido un comportamiento relacionado con acoso sexual…” aunque por otro lado, en el mismo documento admite las quejas hacia su persona: “…la existencia de una acusación ante el Comité de Ética de una dependencia no significa que la persona señalada sea culpable…”
Es justamente la presunción de “inocencia” en casos de abusos graves a mujeres, la que hace desistir a quienes se animan a denunciar, porque bajo ese supuesto no se realizan investigaciones serias ni mucho menos se sanciona, aunado a la demora de lo que puede durar el proceso. Como si los asuntos que tienen que ver con el respeto y la dignidad de las mujeres no tuvieran relevancia. Es cierto también, si el funcionario es inocente de lo que se le acusa, deberá defenderse, pero el seguimiento al caso tiene que existir.
El cuidado del prestigio de los espacios públicos debe iniciar con quienes toman las decisiones, pero no se debe arriesgar el “prestigio institucional” por las acciones de cualquiera de sus integrantes. Y ese es precisamente el caso de la SRE con un secretario, Marcelo Ebrard, que ha hecho un trabajo impecable en su encomienda.
Por un lado, recientemente la secretaría presentó, junto con ONU, un avanzado protocolo de atención a mujeres migrantes víctimas de violencia. Una buena intención que aminora su impacto si en las instituciones públicas, cuando se violenta a mujeres trabajadoras que deciden valerosamente denunciar no pasa nada o por el contrario, son ellas las que terminan renunciando por temor a las represalias.
Nos encontramos en la reivindicación de los derechos de las mujeres y con un gobierno que tiene una oportunidad antes impensable: ahora a los violentos, aun con toda y su investidura, se les exhibe, se les señala. Faltan las sanciones ejemplares a los hostigadores y violentadores que abusan de su poder y/o condición. Cursos obligatorios de género como primera instancia o su inhabilitación como funcionarios podrían ser opciones.
Finamente, así como la presunción de inocencia se ha incrustado como mecanismo de defensa, también la credibilidad a la palabra de las mujeres tiene que considerarse. Si existen cinco personas denunciando a un funcionario es porque algo pasa con él, ¿o no les parece? El silencio cómplice genera el enojo de las mujeres que cuando nos manifestamos, disgusta. En la misma situación el caso de Mireles, primero con sus comentarios misóginos y ahora con un equipo golpeador de mujeres.
A nosotras también nos incomoda, nos tiene hartas y nos molesta seguir leyendo encabezados de historias así.
0-0-0-0
(La autora es Comunicóloga feminista y maestrante en gobierno y políticas públicas por la Universidad Panamericana)