“Se está secando” dice de ella Nicolás Maduro en una exhibición de depuración léxica, y cuando lo dice, parece sentirse cómodo en su rama convencido de que no le llegará el momento de caer. Se refiere a Luisa Ortega Díaz, Fiscal General del Estado venezolano, que lo ha confrontado, y a quien el sátrapa va camino de convertir en ariete de la resistencia contra la arbitrariedad y los abusos de poder en la martirizada Venezuela.
El martes 4 de julio tendrá lugar la audiencia de antejuicio con que se abrirán diligencias contra ella. La causa no es otra que su defensa de la constitución vigente y de las competencias del ministerio público, que ella representa. Sus fechorías, la introducción de un contencioso contra la convocatoria de la Constituyente y una solicitud de antejuicio de mérito contra ocho magistrados de la Sala Constitucional, por haber enajenado competencias del Parlamento que, de facto, trasladaban al presidente Maduro, violando así los principios de la constitución. Además, solicitó la recusación de los magistrados principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, todos ellos miembros del partido gobernante, nombrados con urgencia por la Asamblea Nacional cuando el régimen comprendió que perdería la mayoría en la cámara en favor de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD). Según la vigente constitución, ella en su condición de Fiscal General del Estado, es la única autoridad facultada para iniciar procesos de destitución contra los demás poderes del estado, desde los jueces hasta el propio presidente de la república, Nicolás Maduro.
Luisa Ortega Díaz sabe que sus días en el cargo están contados y, temiendo por sus colaboradores en la fiscalía, ha pedido amparo para ellos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su familia ha sido objeto de acoso y amenazas. Ella misma ha recibido calificativos que mejoran a dementes, prostitutas, fascistas y traidores. Entre tanto, sus cuentas bancarias y demás bienes han sido bloqueados y se le ha confiscado el pasaporte. No la conocen bien si piensan que va a huir.
La fama de Luisa Ortega se ha extendido por el mundo como un reguero de pólvora, despertando admiración y solidaridad generalizadas. Imagen misma del temple, a esta severa y elegante jurista, solo se le reconoce el origen cuando toma la palabra. Con suave acento caribeño, tiene en su hablar el aplomo de quien entiende que tiene el derecho de su parte, y aunque la emoción cargue sus palabras, no le tiembla la voz cuando dice que defenderá la constitución y los valores democráticos con su vida.
Y paradojas de la vida: la aún Fiscal General de la República es chavista confesa. Ascendió al cargo bajo el gobierno bolivariano en 2007, por la confianza que despertaba en el mandatario su compromiso con los derechos humanos desde los tiempos del famoso “caracazo” de 1989. Desde entonces, su trabajo en la fiscalía ha estado dedicado a fortalecer la institución, en aras de mejorar su independencia y eficacia. No obstante, siempre se abstuvo de criticar al líder bolivariano, ni discutió la legalidad de sus más controvertidas actuaciones, manteniéndose dentro de la ortodoxia “revolucionaria” hasta que, tras el deceso del mandatario en 2013, las cosas empezaron a torcerse. El proceso de contestación al régimen comenzó en 2014, año de su confirmación en el cargo para un segundo mandato vigente hasta 2021, con sus denuncias de violación de los derechos humanos por parte de la policía en sus operativos. Pero su oposición abierta a los métodos del poder se puso de manifiesto en 2016 cuando osó desmentir la versión del gobierno sobre la desaparición de 28 mineros en Tumeremo, de los que posteriormente 16 cadáveres fueron identificados (¿esto les recuerda algo?), e investigó las conexiones venezolanas del caso Odebrecht, apuntando a altos funcionarios del régimen. Desde entonces, las espadas están levantadas.
En virtud de su cargo, Luisa Ortega Díaz solo admite sumisión a la ley y a los principios democráticos definidos en la constitución. Cuando desoye las resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia, lo hace invocando el artículo 350 de la carta magna venezolana, que llama a todo ciudadano a desconocer a "cualquier régimen" que vulnere los principios democráticos. Por eso, sin morderse la lengua, la Fiscal General no ha dudado de calificar como “terrorismo de estado” la connivencia del Tribunal Supremo y de las fuerzas armadas con el gobierno, así como la represión violenta de las manifestaciones y el enjuiciamiento de civiles por tribunales militares.
Con su firmeza y valentía, Luisa Ortega se ha convertido en símbolo de valores esenciales de convivencia democrática que sobrevuelan a las ideologías, los únicos que pueden tender puentes entre los extremos y devolver la paz social al país.
Hoy, 3 de julio, tendrá lugar en acto público en Caracas la firma del Acuerdo Nacional de la Sociedad Venezolana para el Rescate de la Democracia y la Constitución, en la que participarán tanto la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), como el sector chavista disidente del régimen. Quizá un rayo de esperanza.
Entre tanto, Venezuela se encuentra en caída libre, con una hiperinflación galopante, con más del 70% de sus empresas perdidas, con pobreza y violencia crecientes. Nicolás Maduro afirma que si continúan las protestas en la calle, defenderá el chavismo “con las armas”. Ya lo está haciendo. Pero es tarde, no los podrán callar.