Al mes de junio eran 119 los cuerpos exhumados de una fosa clandestina en el panteón de Tetelcingo. Una fosa común que las autoridades de Morelos empleaban para enterrar a personas no reconocidas en condiciones ajenas a cualquier protocolo forense.

El gobierno se negaba a abrir las fosas, a pesar de que las cifras de cadáveres registrados por la policía no coincidían con las del fiscal. Tuvo que llegar una orden judicial para que la Fiscalía exhumara e identificara a los cuerpos en acompañamiento de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y demás organizaciones de la sociedad civil.

Las investigaciones realizadas por la UAEM dejaron –una vez más– al descubierto la ineficiencia y negligencia de la administración de Graco Ramírez. Quizá a partir de ello que el gobernador se pusiera como objetivo personal joderle la vida a Alejandro Vera, Rector de la UAEM y al poeta Javier Sicilia, actualmente Secretario de Comunicación de la misma Universidad.

Ambos personajes fueron centrales para dar apoyo y visibilizar las exigencias de familiares de desaparecidos, y ambos (junto con Concepción Hernández, madre de un joven desaparecido) fueron demandados, poco tiempo después, por el Gobierno de Morelos, por los delitos de “sabotaje, quebrantamiento de sellos y ultrajes a la autoridad”.

Foto propiedad de Cuartoscuro

En su momento, Sicilia calificó la demanda como “el peor de los errores: inventar un delito a la víctima, la madre de Oliver, quien fue secuestrado, asesinado, llevado a la fiscalía, desaparecido por la fiscalía, enterrado en una fosa clandestina como una basura… y todavía porque fue a ver a los muertos y la acompañamos se le trata como una criminal”.

¡Absurdo en verdad! Pero comúnmente cuando los gobernantes actúan de manera visceral ambicionando venganza, son incapaces de prever las consecuencias de sus actos. A las pocas semanas el gobierno de Graco desistió de su denuncia penal, mas no de su vendetta.

La segunda contraofensiva se dio a través del legislativo. Al principio se trató como un asunto meramente local, en la que el Congreso de Morelos pedía al órgano de fiscalización una auditoría a la UAEM por un supuesto quebranto financiero de 400 millones de pesos y manejos irregulares de sus finanzas. Después se quiso llevar el tema hasta instancias federales, solicitando la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, de Videgaray, de Aurelio Nuño y hasta de Osorio Chong. “El responsable del quebranto de la Universidad tiene nombre y apellido, su nombre es Alejandro Vera Jiménez”, así culminaba una de tantas conferencias de prensa, donde diputados afectos al gobernador acusaban al rector de la UAEM también de financiar protestas sociales en el estado.

Lo cierto es que las fosas de Tetelcingo eran la punta del iceberg de una crisis de derechos humanos mucho más grave y generalizada. Durante los cuatro años del gobierno de Graco han ocurrido en Morelos 3 mil 600 homicidios, 191 feminicidios, 384 secuestros y alrededor de 77 mil robos.

Hace unos días el hartazgo venció al miedo. A pesar de los rumores y declaraciones oficiales sobre la posible presencia de “grupos armados y de choque”, más de 100 mil personas salieron a marchar en Cuernavaca, uniendo sus voces para demandar la renuncia inmediata del gobernador. Universitarios, transportistas, amas de casa, académicos, maestros, abogados y ciudadanos en general, exigieron se atendieran las denuncias en contra de Graco por delitos de peculado, nepotismo y por su omisión en el caso de Tetelcingo.

El gobernador y sus colaboradores, siguen diciéndose en público y en privado que Vera, Sicilia y la UAEM están detrás de todos. Quizá tengan razón, hoy son tantos los morelenses que exigen la renuncia de Graco, que es difícil diferenciar a quienes no están detrás del descontento social.