“Me especializo en ‘asesinatos silenciosos’, de interés nacional.”<br>

Agatha Christie.

Estamos atestiguando el ataque continuo de López Obrador al poder judicial. Está recurriendo a todo lo que se encuentra a su alcance para que la división de poderes federales desaparezca (al menos de facto) y sea solo él quien detente el poder del Estado mexicano.

Aun antes de que el juez Gómez Fierro otorgara la suspensión provisional contra la nueva Ley de la Industria Eléctrica, su embate era sistemático. Si bien, a partir de dicho amparo, su crítica ha arreciado.

La última muestra es su epístola dirigida al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Saldívar, exigiendo que se investigue al antes mencionado magistrado por su decisión. El primer mandatario se inmiscuye de más al pedir que el Consejo de la Judicatura Federal determine e informe si el juez segundo de distrito especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones “tenía facultades para frenar todos los efectos y consecuencias de dichas reformas”. 

Por supuesto, López Obrador remata su texto hablando del “respeto a la independencia del poder judicial y al derecho de amparo”.

Conmigo o contra mí

El presidente demuestra ignorancia sobre esta figura jurídica, así como por cuanto al funcionamiento autónomo del Poder Judicial de la Federación, el cual es el que interpreta la palabra dispuesta en la Constitución.

Su cuestionamiento a Gómez Fierro es también muestra de la insana obsesión de AMLO por dictar la forma en que los jueces deberían decidir. Para él, los amparos no deben darse en base a la razón y méritos de los mismos o como garantía de protección; deben otorgarse, en cambio, en función de sus más arbitrarios deseos, que en este caso tiene que ver por cuanto a quien lo interpone...

Pero hay más: López Obrador alega que sus acciones se basan en la protección del interés nacional. No obstante, la interpretación de ese interés debiera correr, nuevamente, a cargo del poder judicial, y nunca en función de lo que considere el Presidente de la República. Para eso, precisamente, es que contamos con división de poderes.

Pero es justamente el equilibrio de poderes lo que la Cuarta Transformación erosiona de forma cotidiana. Esto es, con AMLO todo se reduce a adecuarse a su parecer o estar contra él. Sigue sin enterarse que ser líder de México no lo hace dueño del país ni tampoco el agente quien interpreta la normatividad constitucional.

José Ramón Cossío es un conocedor de la Ley

Entre los yerros de su carta, critica la rapidez —supuestamente desplegada a modo— con la que se otorgó la suspensión provisional referida. Olvida que parte de las características de la figura de amparo es esa: que debe resolverse en menos de 24 horas de haberse interpuesto. Por ende, reprochar que la suspensión fue “veloz” es un contrasentido, además de ser insostenible legalmente hablando.

Para variar, en su diatriba incluyó a un ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal vez, porque José Ramón Cossío es un conocedor de la ley y, como tal, ha desmontado diversas pifias legales producto de las ocurrencias del tabasqueño. La respuesta del exministro es clara: 

“Me preocupan sus afirmaciones descontextualizadas y parciales sobre mi persona. Pero más aún su incomprensión del Estado de Derecho. Los jueces son los garantes finales de la Constitución. Es desafortunado que el presidente injurie a un juez en funciones”.

José Ramón Cossío, ex ministro de la SCJN.

Además de su ataque continuo al Poder Judicial, llama la atención que, contando con un consejero jurídico de la Presidencia con amplios conocimientos, AMLO ni siquiera le tome en cuenta. La misiva enviada por el titular del ejecutivo al presidente de la SCJN carece de la más mínima argumentación jurídica, además de que muestra desconocer tanto la naturaleza de la suspensión provisional como el funcionamiento básico de la justicia como ya referí.

Autonomía y división de poderes

Ni siquiera Benito Juárez, que antes de ser presidente de la nación lo fue de la Suprema Corte, una vez detentando la máxima investidura del poder ejecutivo osó enviar una carta con esas características.

Las arremetidas de López Obrador contra el Poder Judicial es de lo más preocupante que ha sucedido en esta administración. Y por eso la respuesta de Arturo Zaldívar, aunque jurídicamente “espléndida, impecable, perfecta” (como señala Diego Fernández de Cevallos), es francamente tibia. Faltó una respuesta firme y contundente, recordándole a López Obrador la autonomía y división de poderes.

Es imperioso que el interés nacional no se vuelva la voluntad del ejecutivo, la cual hoy convertida en ley es también inconstitucional. El interés nacional no puede estar sujeto a los vaivenes de un hombre. El permitirlo es poner en jaque la democracia, el Estado de Derecho, el futuro de la nación.

Estamos avisados de las aviesas intenciones del primer mandatario. Es momento de señalar su indigno proceder y, por lo pronto, votar el 6 de junio para que el legislativo, hoy absorbido por él, pueda retornar a su añorada y pisoteada autonomía; a que México cuente con un balance de poderes a través del cual se determine lo que constituye el verdadero interés nacional.