<br>No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos<br>Que es lo único que tengo<br>Usted es mi esperanza, mi última esperanza<br>Comprenda de una vez…<br> 

José Antonio Zorrilla/Gabriel Ruiz Galindo

La verdad histórica del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, está pasando a ser la misma verdad con la 4T, pero en versión histriónica.

El crimen de hace casi seis años, la ejecución de 43 normalistas de la Normal de Ayotzinapa la noche del 26 de octubre de 2014, sigue causando controversia. Sin embargo, la suerte de los normalistas está echada; imaginar que siguen con vida es, más que inverosímil, cruel.

Razón para no seguir jugando con los sentimientos y esperanza de sus familiares. Suficiente suplicio fue conocer la verdad, para que ahora sea puesta en entredicho en lo superficial —que no en lo sustantivo— y, lo peor, liberar, para luego intentar reaprender, a algunos de los responsables de su tragedia.

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, dijo: “se acabó la verdad histórica del caso Ayotzinapa, porque todos los elementos en los que estaba sustentada se han ido cayendo a través de los procedimientos que se iniciaron y han puesto en libertad a las personas que participaron, según las anteriores administraciones…”.

A partir de una supuesta nueva versión de la verdad: “se hizo una reconstrucción de lo sucedido en septiembre de 2014 y se cuenta con nuevos elementos sobre lo que sucedió con los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, a dónde los escondieron, quiénes los torturaron y lo que siguió con ellos”...

Desafortunadamente, más allá de lo dicho por Karam, en su momento, o Gertz, ahora y sin evidencias, la realidad no cambia: los jóvenes fueron asesinados por la organización Guerreros Unidos y sus restos desaparecidos; no hay forma de regresarlos a sus hogares.

Lo único que hoy vemos y que definitivamente sí ha cambiado con respecto a lo que antes ocurría es que se está alimentando la mercadotecnia política. Algunos de los viejos detenidos fueron liberados; hay 46 nuevas solicitudes para su aprehensión, cuatro de ellas consignadas; la mayoría de los involucrados —mediando sólida evidencia— siguen en la cárcel desde hace años...

Simulación, donde lo que se intenta es reasignar culpabilidades, porque la esperanza de que haya una diferencia sustancial en el caso no existe.

Nada ha cambiado. El gobierno anterior atribuyó el secuestro, desaparición e incineración de los 43 estudiantes de Ayotzinapa al cártel Guerreros Unidos, liderado por Ángel Casarrubias Salgado alias “El Mochomo”. La actual administración finca responsabilidades a los mismos implicados y gira nuevas órdenes de aprehensión contra diversos servidores públicos de Guerrero, así como el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón Lucio, considerado como el artífice de la investigación que concluyó que los jóvenes fueron incinerados por los delincuentes en el basurero de Cocula. Total, que el mismo presidente AMLO critica la liberación de uno de los culpables recién aprehendidos, pero pasa por alto todos los culpables liberados en su administración y vueltos a detener bajo nuevas acusaciones.

Si se trataba de encontrar una nueva verdad a lo sucedido, hasta ahora solo ha demostrado —y eso a medias— lo mismo.

Mientras, una nueva tragedia se desarrolla en nuestro país. 24 personas fueron asesinadas en un centro de rehabilitación en Irapuato, Guanajuato. No adquirirá la trascendencia de Ayotzinapa porque se dio durante el actual gobierno. Pero más allá de ello, esto que pasará sin pena ni gloria y lo otro como una verdad histriónica, la única verdad sin adjetivos que puede definir ambos asesinatos es una: no hay fuerzas del orden en nuestro país que puedan parar la hecatombe impune que cercena tantas vidas.

La tragedia no requiere etiquetas, ni politizar el dolor de todos los familiares; requiere establecer el Estado de Derecho y parar la violencia sin histrionismos, sin divisiones, ni buscando hacer “historia”. ¿Podemos hacerlo? Por lo visto no.