“No le das un destornillador normal a alguien en vez de uno eléctrico solo porque quieres que trabaje más horas. Es una locura.”<br>
Peter Joseph
Pongamos mucha atención. La iniciativa preferente del presidente sobre la electricidad presenta demasiados sinsentidos; legales, económicos, internacionales, presupuestales, ambientales, pero sobre todo hacia “primero los pobres”.
Y es que el impacto inicial, de aprobarse la propuesta, como sugiere hacerlo el grupo parlamentario de Morena, será un aumento en las tarifas eléctricas, además de un muy probable incremento en apagones. Obviamente, para no elevar el precio, se manejarían mayores subsidios, lo que impactaría las finanzas estatales, las cuales de por sí están sufriendo uno de los peores momentos de la historia. Esto, además, impactaría tarde que temprano en lo cobrado en impuestos a quienes son contribuyentes formales (un 30% de la población contribuyente, misma que poco a poco se irá mudando a la informalidad).
Esta iniciativa que busca ser aprobada a la voz de ya, pretende que la electricidad solo sea producida por la CFE, con sobre costos de ser mal administrada y además solo usando energías fósiles.
Ya sabemos que el carbón y el combustóleo son la materia prima favorita de la 4T para producir electricidad. Ambos, contaminantes, caros y cuya compra solo beneficia a un senador de filiación morenista y a la pésima producción de Pemex.
A lo anterior, la iniciativa repudia la inversión privada, la cual nos podría ayudar como país a enfrentar la peor crisis de la cual se tiene memoria. Esta propuesta, además, violaría la Ley Federal de Competencia Económica y diversos tratados internacionales como es el TMEC, el de la Unión Europea-México y el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico.
La reforma energética del 2013 abrió el sector energético para volverlo competitivo. Al igual que en ese momento, ahora se tendría que modificar la Constitución para aprobar la Ley de la Industria Eléctrica. De lo contrario, además de todos los problemas ya expuestos, tendríamos un acto inconstitucional realizado por el mismo ejecutivo federal y sus corifeos, quienes ya abdicaron a ser representantes de la población. Esto nos llevaría a que el gobierno mexicano fuera sujeto de judicialización y ya sabemos lo que esto significa: enfrentar costos de la misma envergadura o mayores a los de la cancelación del NAICM. Al igual que en ese bochornoso asunto, se tendría que pagar un sobreprecio por perder lo ya invertido y el quedarnos sin nada.
Se deberá entender, que los pleitos ocasionados si esta iniciativa se cristaliza en ley serán internacionales. No serán solo en lo particular contra Joe Biden; también contra el gobierno y las empresas de Estados Unidos y de otros países.
La iniciativa propone elevar a ley el acuerdo de la Secretaría de Energía de energía de mayo del 2020, el mismo que fue suspendido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los juicios de amparo y las controversias constitucionales interpuestas tanto por la Comisión Federal de Competencia Económica y los gobiernos de Colima, Jalisco y Tamaulipas. Esto es, buscan cambiar la ley, porque no pudieron ganarle en los tribunales. La 4T está atentando y dinamitando así las decisiones del poder judicial. Rocío Nahle y Manuel Bartlett demuestran con esta iniciativa su desdén por la ley y, lo que es peor, hacer cumplir su necedad aunque eso signifique unos costos ingentes para el país.
Esta iniciativa es regresar al rancio pasado donde el Estado tenía monopolizada la generación-transmisión de electricidad, con enormes sobrecostos que impactan a la producción de bienes y en disminuir el bienestar de las familias.
Busca ordenar a la Comisión Reguladora de Energía a negar permisos de generación eléctrica. Además permitiría que la Comisión Federal de Electricidad cancelaría contratos con productores independientes de energía. Sí, aquellos quienes ya invirtieron en nuestro país y quienes han dado mejores precios a la CFE.
Es peor que regresar al pasado. Es el regreso impune al monopolio, cercenando la competencia a la cual se enfrenta la Comisión y que le obliga a ser más limpia, competitiva y productiva. Esta iniciativa permitirá comprar combustóleo y carbón a precios exorbitantes y no enfrentar una competencia más limpia y barata.
Ya presumirá Morena de que “la energía es nuestra”, lo que en la vida real lo podríamos traducir en “contaminamos más porque nadie nos vigila ni con nadie competimos”.
La iniciativa, no solo saca chispas y genera cortos, vulnera la legalidad, la competencia y, como siempre, deja sin defensa alguna a quienes más necesitan el servicio.
La electricidad en manos del Estado. Y todo lo que queda en poder de la 4T termina haciéndose añicos. Lástima que el sistema eléctrico del país está a punto de correr la misma suerte.