“¿Quién olvida antes? ¿El abandonado o el que abandona?”<br>
Paula Beer
Este artículo dedicado a los colectivos en México que buscan a sus familiares muertos, desaparecidos, asesinados.
Solo cuentan con picos, palas y su esperanza. Una ilusión marchita de poder hallar a sus muertos. El gobierno ha claudicado al grado de ni siquiera buscar a los desaparecidos. De hecho, apenas y los cuenta: sigue una metodología implementada en 1964 para tener un registro histórico de personas desaparecidas.
Retomada la descripción de “desaparecidos” como si una nueva forma para contabilizar a los muertos fuera la iniciativa bien pensada y mejor desarrollada de la 4T.
Una simulación más llamar “desaparecidos” a quienes se sabe muertos. Una vuelta más a la tuerca del dolor el ni siquiera llamarles por su nombre.
Para el 2020, poco importó que al menos la mitad del país se encontrara enclaustrado en sus casas para detener el número. Tampoco los casi 100 mil elementos de la Guardia Nacional movilizados a lo largo y ancho del país (con especial atención a la frontera norte para que los migrantes no pasaran a Estados Unidos).
La violencia no dio tregua. Los homicidios no bajaron. Mantuvieron los niveles récord de los últimos dos años y, lo que es peor, en 11 estados el número de asesinatos se elevó.
Más de 3 mil 500 mujeres, seis periodistas, 3 alcaldes, un exgobernador, más de mil menores de edad (el futuro asesinado), sin olvidar a los guardianes de la ley: 500 policías abatidos. Son parte de las más de 32 mil víctimas declaradas como inmoladas por asesinos en el país.
Esos son los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a noviembre del año pasado.
A lo anterior se suman las 35,588 víctimas del 2019; en su momento se manejó como el año más violento de todos los tiempos. Una vez que se sepan las cifras finales del 2020, se podrá decir si el año 2019 sigue manteniendo tan lúgubre récord o si fue superado (los números para el 2020, se darán hasta el 27 de julio por parte del INEGI).
Las fosas con osamentas se amontonan, mientras los familiares llevan ya años buscando a sus muertos, tratando de encontrar fosas o algún indicio para continuar en la búsqueda.
No es algo nuevo, basta nombrar al colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Con más de 200 integrantes, se ha logrado dar con los restos óseos de más de 200 personas. O Voz y Dignidad por los Nuestros SLP, quienes cada fin de semana recorren diversos caminos, con picos y palas, teniendo como esperanza encontrar a sus muertos.
Ante al sufrimiento y zozobra por la pérdida o la duda, solo queda tratar de encontrar un rastro, una posibilidad de que ese ser querido ya descansa en paz. La incertidumbre solo genera más penas. Todo lo anterior, debería ser un aliciente para que las diversas autoridades buscaran dar una solución a tanto dolor. Lo cual debería ser primero tratar de evitar las desapariciones/muertes y después encontrar las fosas ilegales, de forma rápida para que los cuerpos ahí yacientes no sean encontrados por los propios deudos ya desfigurados por el tiempo y la tierra.
Sin embargo, lejos de ello, la autoridad ha claudicado completamente sus obligaciones. Solo así se entiende que en el ayuntamiento de Guaymas se entregara a uno de los más de 200 colectivos en el país, picos y palas para que las madres pudieran con los mismos buscar fosas clandestinas y dentro de ellas, a sus hijos.
La autoridad arguyó que era el material solicitado por quienes buscan. No entiende que su obligación no es dar las herramientas para que alguien más realice una tarea que no debería existir o, bien, una faena que debería ser responsabilidad únicamente de la autoridad.
No es el único caso. En en Baja California, la fiscalía General prometió a los buscadores una retroexcavadora para remover tierra. Endosando su responsabilidad a los padres, quienes transidos de dolor, encima agradecen el contar con herramientas suficientes y necesarias para realizar una obligación que no es de ellos.
Más de 3,000 fosas ilegales con 5,000 cadáveres han sido halladas desde 2006. Según cifras oficiales del gobierno, tan solo en el 2019, se encontraron 873 fosas clandestinas, con más de 1,000 cuerpos. De los cuales, solo se pudo identificar a 395 personas.
En este recién estrenado 2021, ya se encontró en Jalisco una fosa ilegal con 29 cadáveres y el 2 de enero, en Tijuana, un grupo de madres halló una docena de cuerpos.
Es momento que la autoridad retome sus obligaciones y responsabilidades. Primero disminuyendo el número de personas asesinadas por grupos criminales. En segundo término, retomando su obligación de encontrar a los muertos y no dejar toda la responsabilidad a los familiares. Puede ser un trabajo conjunto, pero entregar el material para la búsqueda es una traición más; claudicar ante la muerte, fingiendo que no es su responsabilidad.