La separación de poderes en México no ha logrado alcanzar un nivel aceptable, con el sostén de un marco legal que beneficie a los ciudadanos cuando alguno de los poderes toma decisiones polémicas o es omiso en sus funciones, con repercusiones negativas para la población.

Un caso ejemplar lo tenemos en Veracruz. La permanencia del fiscal estatal Jorge Winckler en su puesto, nombrado durante la minigubernatura panista, cercano al exgobernador Miguel Ángel Yunes, y ahora enfrentado a un gobierno y un congreso morenista, mantiene en el limbo la justicia para los veracruzanos y en especial para las veracruzanas.

El hecho más reciente de esta confrontación es la denuncia formal presentada contra Winckler ante la Fiscalía General de la República por los secretarios de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado y de Gobierno, Erick Cisneros Burgos, quienes estuvieron acompañados por legisladores locales de Morena.

Morena y los partidos aliados tuvieron al inicio de este año la oportunidad de llevar a juicio al fiscal veracruzano, pero al final, misteriosamente fueron desechados los dictámenes que hubieran podido llevar a Winckler a juicio político.

Los ahora denunciantes contra Winckler señalan que el fiscal del estado ha mantenido escondidas más de 150 órdenes de aprehensión. Es decir, que no ha cumplido con su trabajo.

En este pleito político los más raspados son, como casi siempre, los ciudadanos. Hace pocos días trascendió un caso típico de sustracción de una menor, separada de forma violenta de su madre y luego normalizado el hecho vía un depósito judicial.

El asunto tuvo repercusión en los medios por tratarse de la hija de la pianista y poeta Marisol Galloso Gamboa. Marisol forma parte de la comunidad jaranera de Veracruz por ser una decimista e improvisadora conocida. Se supo que después de ser golpeada por su esposo, Gerardo Cuervo Chargoy, pruebas de lo cual circularon en fotos de Facebook, Cuervo, con ayuda de su madre, y, por supuesto, sin el consentimiento de Marisol, se llevó a su hija de tres años. Marisol Galloso inmediatamente interpuso las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas.

La niña fue buscada por personal de la Fiscalía en la casa de Rosa María Chargoy, madre de Gerardo Cuervo, pero ella negó conocer a su hijo y a su nieta. Negó asimismo la entrada de Marisol a su casa y la niña no se podía localizar.

Días después apareció Gerardo Cuervo, ahora en calidad de víctima, pues su hermano solicitó el depósito judicial de la niña alegando que Marisol Galloso es violenta con el esposo y con la niña. Este procedimiento, que ha sido reiteradamente denunciado como un acto de violencia de género, se produjo una vez más, pues los agresores suelen encontrar un juez dispuesto a otorgar el depósito judicial en favor del promovente, quien tiene consigo al hijo o hijos, aunque haya ocurrido por medio de una acción violenta y en contra de la voluntad de la madre. Una vez que esto ocurre comienza el viacrucis judicial para las madres que intentan recuperar a sus hijos.

Ahora Marisol Galloso debe demostrar que lo dicho por su agresor, ayudado por su familia, no es verdad, pero se trata de un proceso que puede tardar mucho tiempo.

Después de tener una asesoría legal dudosa, Marisol está siendo apoyada por el colectivo Nuestras hijas de regreso a casa. La comunidad jaranera y cultural está trabajando para visibilizar la injusticia que está padeciendo Marisol; a todos les parece atroz que después de padecer violencia física, la artista deba sufrir la ausencia de su hija y las acusaciones legales en su contra.

El marco legal le permitió al agresor robar a su hija y después actuar como si fuese en beneficio de la menor y presentarse como víctima, cuando en realidad la violencia la ejerce contra la madre y contra la niña. Además de una legislación que no favorece a las mujeres en este punto, ¿quién va a alzar la voz a favor de Marisol si la Fiscalía está enfrascada en su propio pleito contra el gobierno de Veracruz?

¿Quién se pondrá a investigar si es verdad que la secretaria del juez que otorgó el depósito es cercana a la familia Cuervo y eso facilitó el procedimiento legal que ahora tiene alejada a la pequeña Ana Sofía Cuervo Galloso de su madre?

¿Qué pueden esperar las mujeres que, como Marisol Galloso, padecen todos los días algún tipo de violencia si no hay directrices específicas para reducir la violencia de género, como tampoco una supervisión especial para verificar que se cumpla una política de esta naturaleza?

Una vez más, las mujeres de Veracruz exigimos que se atiendan con diligencia y prontitud estos casos de violencia contra las mujeres y nos solidarizamos con las madres que debido a estos huecos legales están padeciendo la separación de sus hijos. Nuestro apoyo a Marisol Galloso y la solicitud de que la Fiscalía revise este y otros casos similares desde una perspectiva de género y no sólo como casos de custodia de menores. Menos política y más justicia para las mujeres.