Al amparo del gobernador Alfredo del Mazo Maza, la inmobiliaria Espectras intenta hacer negocio ilícito con bienes de la federación y obtener predio “La Pedrera” de Nacional Financiera (Nafin o Nafinsa), al despojar a defensores del medio ambiente de su hogar.
Los defensores de los derechos humanos, aglutinados de la Alianza Única del Valle, han evidenciado la intención que mantienen diversos funcionarios de la Fiscalía mexiquense, entre ellos, Alejandro Jaime Gómez Sánchez y Leopoldo Millán Salgado, quienes coludidos, han despojado de sus hogares a grupo de defensores del medio ambiente.
José Rodríguez, integrante de la Alianza Única del Valle, resaltó que la firma Expectras —que mantiene una relación directa con el expresidente Enrique Peña Nieto y forma parte del grupo Homex— intenta obtener el predio en mención, que ahora se encuentra en litigio civil entre la agrupación Alianza Única del Valle y la institución de banca de desarrollo del país, Nacional Financiera (Nafin o Nafinsa) desde 2016.
El activista recordó en mayo de 2018, interpusieron varias denuncias al verse afectados por la empresa inmobiliaria al registrarse actos de tala y destrucción de la zona boscosa de esta región mexiquense, "actos que provocaron cancelar las labores de ecocidio de manera definitiva, ante la amenaza de expansión de desarrollos habitacionales de gran impacto”.
Explicó que, en aquella ocasión, Expectras exhibió un “supuesto contrato” de compra-venta del polígono conocido como “La Pedrera” ante la Fiscalía mexiquense a través de la vía penal en junio de 2018, sólo un mes después de la intención fallida de construir una serie de torres habitacionales en ese lugar.
Por este motivo, vecinos y defensores del medio ambiente se opusieron a la devastación del medio ambiente, además, demostraron que habitan el polígono en disputa desde 2006; “incluso, hemos promovido un juicio civil contra Nafinsa por la disputa legal de este polígono que habitaban hasta el año pasado, cuando apareció la empresa Expectras”.
“Si fuera el caso, los representantes de la Fiscalía del estado de México estarían violentando de manera grave y fragante el marco legal, desahogarían los actos que se desprendan, primero de un juicio civil, antes de llegar al tema penal; este es el caso, los defensores del medio ambiente mantienen un juicio civil, que, la propia autoridad ministerial desoye de manera alevosa”, afirmó el abogado Antonio Lara Duque.
El también coordinador del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” —quien acompañan a los defensores del medios ambiente— alertó que, si bien existe una disputa legal por el polígono “La Pedrera”, Nafinsa estaría impedida de sostener alguna acción de venta; que, por si fuera poco la propia institución de banca de desarrollo de nuestro país ha confirmado de manera contundente que “no ha realizado alguna acción de venta del dicho predio”.
Lara Duque enfatizó que, de manera ilegal, autoridades de la Fiscalía mexiquense han rehusado agotar las instancias jurídicas civiles, antes de las penales, motivo por el cual los legítimos habitantes del polígono (más de 30 familias) fueron despojados de sus viviendas y desplazados al exterior del polígono desde noviembre de 2018.
“Hoy más de 30 familias que sufren el desplazamiento forzado provocando por autoridades de la fiscalía mexiquense quienes se apersonaron en el lugar para entregar, a vigilantes privados, la “posesión” del terreno, originando el desplazo de niños, mujeres y ancianos”, afirmó.
Punto Cero | ¿Qué es Expectras?
Apenas en diciembre de 2018, Claudio González Caraza, integrante de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, dejó constancia que Eustaquio de Nicolás — fundador de Homex, empresa que llegó a ser una de las más grandes desarrolladoras de vivienda de interés social en el México y de la firma Expectras— es protagonista de una “historia de engaños”.
“Es la historia de un empresario que timó a sus clientes, a sus empleados, a sus inversionistas, y al estado mexicano. También es la historia de la respuesta de las autoridades ante estos engaños: la impunidad y el cobijo con dinero público”, asentó González Caraza.
La investigación ubica a los dueños y socios de “Expectras SA de CV” de haber sido favorecidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) con más de 700 millones de pesos en contratos de obra pública, de manera particular, cuando se registraron desastres producto de condiciones climáticas desfavorables.
También, quedó asentado que Eustaquio de Nicolás —y sus empresas Holmex y Expectras— edificó miles de habitaciones en todo el país durante la administración de Peña Nieto, particularmente en los municipios de Zumpango y Tecámac donde ahora se proyecta un aeropuerto civil internacional que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.