El anterior jueves 17 de octubre se suscitó un evento en Culiacán, Sinaloa, en el cual se involucró a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo Guzmán”, a quien sus compinches reclamaban.

En supuesto, representantes de las fuerzas públicas lo tenían detenido, generándose una gran tensión entre cuerpos armados institucionales y las fuerzas del crimen organizado, lo que dio como resultado, después de varios hechos de violencia, amenazas y tiroteos, devolver al hijo del Chapo, en detrimento de la estructura estatal.

El entorno en el cual se suscitaron todos los hechos fueron auténticos actos de terror llevados a cabo por el cártel de Sinaloa en contra de la población civil de aquella entidad federativa, dicho acontecimiento ha sido desde entonces el eje de las noticias en México y en las principales centrales de noticias del mundo.

Desde un punto de vista jurídico, social y político, este hecho tiene muchos aspectos preocupantes que deben analizarse con seriedad, uno de éstos son las declaraciones contradictorias de los funcionarios públicos involucrados; por un lado, el Secretario de Seguridad pública, quien después de por lo menos tres horas de ocurridos los hechos, dio a conocer la primera versión de los mismos, esto es, un patrullaje de rutina en el Fraccionamiento Tres Ríos de Culiacán, en el cual identificaron y detuvieron dentro de un inmueble a Ovidio Guzmán López, derivado de lo anterior, en varios puntos de la Ciudad comenzaron a ocurrir actos de violencia, por lo cual se tomó la decisión de suspender la detención del capo; y, por el otro lado, la segunda versión dada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador al día siguiente, el 18 de octubre, en la cual afirmó que en realidad iban por el hijo del Chapo Guzmán, con el fin de integrar los procedimientos correspondientes para la extradición de Ovidio, sin embargo, luego de que los grupos criminales tomaran la Ciudad de Culiacán y desataran el caos, la violencia y el miedo se tomó la decisión de liberarlo para salvar vidas, por lo cual respaldaba la decisión del Secretario Durazo.

En esta misma línea argumental, también se develó la falta de coordinación que prevalece entre las diversas autoridades federales y locales sobre el tema de seguridad pública; una evidente falta de estrategia, inteligencia del Estado y un nulo conocimiento de parte de las autoridades sobre el tipo de delincuencia a la que se enfrentaban.

Aunado a lo anterior, se sumaron declaraciones de personajes de la vida política públicos en donde justificaban y respaldaban al Presidente de la República este es el caso de Yeidckol Polevnsky, quien encabeza de manera formal el partido del Presidente y quien expresó que aquél era un humanista por avalar la decisión de entregar al criminal, de esta manera se dejaban de correr riesgo las vidas de la sociedad culiacanense.

En este contexto, debemos aclarar las palabras de la Presidenta y Secretaria General de MORENA, pues el debido ejercicio de la función pública no anula el humanismo; es impropio justificar, desde el humanismo, lo que en realidad se verificó en los hechos como una operación ineficiente del Estado en materia de seguridad. Asimismo, llevar a cabo detenciones para cumplimentar procesos judiciales no pone en peligro la vida de las personas, de hecho, es precisamente uno de los fines del Estado procurar a la sociedad y, uno de los mecanismos para conseguir tal propósito es la ejecución de detenciones de presuntos criminales para cumplimentar los procesos judiciales.

De igual manera, procurar la seguridad de las personas, es la primera razón de existencia del Estado, a esto se le conoce como seguridad pública, lo que se traduce como la ausencia de delitos en las calles, la prevención y persecución de los mismos y, desde luego, la readaptación de las personas.

En este orden de ideas, es claro que el actual gobierno falló en su primer y más importante objetivo, salvaguardar el orden público, por lo cual, si en realidad se pretende enderezar este camino tan torcido en pos de la paz pública, la sociedad debe exigir resultados, no peroratas huecas, el hecho de que un gabinete de seguridad se reúna todos los días por las mañanas no se traduce en eficiencia ni en eficacia, lo cual ya quedó demostrado; igualmente, no es tolerable que mienta un funcionario del nivel de una secretaría de Estado, pero además debe recordarse, en términos de los principios del derecho administrativo, que cualquier secretaría de Estado no posee personalidad jurídica, siendo así, quién es responsable en última instancia jurídica y políticamente es el jefe de la propia administración, es decir, el Presidente de la República.