México.- El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), celebra la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de habilitar el "Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género", con el que se pretende garantizar la dignidad humana de las personas en procesos judiciales, sin importar su apariencia física, preferencia sexual o afectos personales.
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Asimismo, reconocemos el precedente que establece con este protocolo el máximo Tribunal de la Nación, para que las personas logren un trato justo en materia penal y un acceso sin exclusiones, sin discriminación y sin violencia a sus derechos.
El COPRED también comparte la visión del protocolo de obligar a los y las juzgadoras a resolver los casos relativos a los derechos humanos de las personas con base en una perspectiva de género y de diversidad sexual; partiendo de una perspectiva que considere la realidad particular que viven las personas por virtud de su identidad de género y orientación sexual y que implica eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por razones de género u orientación sexual.
Es importante saber que a partir de hoy el o la juzgadora deberá detectar los posibles estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de la apariencia, comportamiento o funciones de uno u otro género, y actuar con objetividad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación. Ello implicará cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género u orientación sexual, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de género o de orientación sexual.
Para el COPRED, este protocolo es una herramienta que se suma a los esfuerzos legales por garantizar el acceso a la justicia y debido proceso a que tienen derecho los miembros de la Comunidad LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans).
Asimismo, consideramos que este protocolo complementa la reforma a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal que impulsó el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para establecer como causales de discriminación y de delito en la Ciudad de México las acciones de lesbofobia, homofobia, transfobia, bifobia, misoginia, xenofobia, segregación racial y el antisemitismo.