Alfredo Ramírez Bedolla, actual gobernador de Michoacán, denunció al ex servidor Silvano Aureoles por tener una red de espionaje.
De acuerdo con el miembro de Morena, Silvano Aureoles había comprado software de vigilancia a Víctor Manuel Puga.
Fue durante una conferencia de prensa que Alfredo Ramírez Bedolla detalló que la administración pasada, es decir, la dirigida por Silvano Aureoles firmó un documento.
La hoja, suscrita en 2017, era un contrato por casi 20 millones de pesos, en la cual se monitoreaban dispositivos electrónicos en todo el estado y se utilizaban computadoras para su mantenimiento.
“Todo indica que es espionaje pues establece que se instalarán 12 terminales para estar monitoreando, ya sea las direcciones IP o las redes sociales”.
Alfredo Ramírez Bedolla
Según lo expresado por el gobernador de Michoacán, se desconoce a quiénes o con fines se utilizaba la red de espionaje.
Sin embargo, algo que sí destaca es el uso de un modelo de fraude que Silvano Aureoles utilizaba con el objetivo de rentar patrullas y otras herramientas del estado para generar ganancias de forma ilícita.
“Sabemos que se utilizó un modelo de fraude con base a arrendamientos, en el cual rentaban las patrullas, rentaban el C5, rentaban software de este tipo y también equipos de salud”, puntualizó Alfredo Ramírez Bedolla.
Salvador García da a conocer red de espionaje de Silvano Aureoles
Cabe destacar que, fue el pasado el lunes cuando el periodista Salvador García Soto dio a conocer que el Silvano Aureoles contrató una red de espionaje.
El software, adquirido por 132 millones de dólares, era propiedad de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, quien actualmente es prófugo de la justicia.
Ante esto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inició una investigación, en la cual encontró “un sistema de monitoreo y seguimiento de direcciones IP”, el cual era en realidad una red de espionaje no solo de dispositivos móviles de Michoacán sino del todo el país.
De acuerdo con fuentes que trabajaron en lugar, en la red de espionaje se monitoreaba a personajes políticos, empresarios, periodistas así como otras figuras públicas.
Según García Soto, el secretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza y la cabeza del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Guillermo Loaiza Gómez, fueron quienes firmaron el contrato, del cual se pagaban 2 millones mensualmente.
