México.- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) dio a conocer que continúan las detenciones ilegales y arbitrarias en la capital del país.
A través de la Recomendación 03/202, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández pide tanto a:
- La Secretaría de Seguridad Ciudadana
- La Fiscalía General de Justicia.
Tomar los casos de 37 personas, quienes se encuentran en los reclusorios varoniles Norte y Sur, y el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla por detenciones ilegales y arbitrarias.
Con el registro Nacional de Detenciones, instaurado en abril pasado ambas dependencias deben realizar las acciones necesarias para coadyuvar con la inscripción de las víctimas directas e indirectas.
Desde 2018 se registran 959 expedientes por detenciones ilegales y arbitrarias
Nashieli Ramírez Hernández informó que de enero del 2018 a diciembre del 2021, la CDHCM abrió 959 expedientes sobre casos vinculados a detenciones ilegales o arbitrarias.
Mientras, que de 1994 a 2019 se emitieron 102 recomendaciones, de las cuales 52 corresponden al periodo comprendido entre el 2011 y 2019.
La investigación realizada a cargo de Juan Carlos Arjona, detalló que en dichas detenciones se vio involucrada:
- La violación al derecho del debido proceso
- La violación a la presunción de inocencia al ser exhibidos en medios de comunicación
- La violación a la propiedad privada.
De acuerdo con el orden jurídico nacional las detención legal de una persona solo pueden realizarse bajo tres hipótesis:
- Una orden de aprehensión
- Flagrancia, (El supuesto en que cualquier persona puede detener a otra en el momento en que se esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberse cometido).
- Un acuerdo urgente emitido previamente a la detención material.
¿Por qué se dan las detenciones ilegales y arbitrarias?
Las detenciones ilegales y arbitrarias podrían ser permitidas por las autoridades capitalinas por la falta de supervisión de las propias instituciones, que estarían tolerándolas.
Además, Nashieli Ramírez Hernández destacó que estas detenciones responderían a un perfilamiento de las víctimas asociado al nivel socioeconómico, entre otras categorías.
No obstante, el registro Nacional de Detenciones ayudaría a eliminar los porcentajes tan altos de información no especificada en las detenciones.
Situación que ocurre en el 62 por ciento de los casos, como por ejemplo, no se conoce el género de la persona víctima de la violación al principio de legalidad.
Aunado a esto de debe emitir un reconocimiento de responsabilidad individualizado por escrito donde den cuenta de la causa especifica de las detenciones.
Así como informar de los procedimientos administrativos o penales que se hubieran iniciado en contra de servidores públicos, y el estado que guardan.