Que los criminales paguen al abogado de sus víctimas, propuso una diputada local de la Ciudad de México (CDMX).

La diputada local de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, Elizabeth Mateos, presentó una iniciativa para que los presuntos agresores o personas que habrían cometido un delito, sean quienes paguen la defensa jurídica de las víctimas.

De acuerdo con la diputada de la CDMX, lo anterior es porque la imposibilidad de pagar un defensor hace que las víctimas no denuncien.

¿Qué dice la propuesta sobre las víctimas en la CDMX?

La propuesta para que los criminales paguen el abogado de sus víctimas en la CDMX pretende que la Ley de Víctimas de la capital se armonice con la Ley Federal, a fin de que el presunto responsable del delito sea quien cubra los honorarios del abogado de las víctimas.

Esto para que la Ley de Víctimas en la CDMX contemple una forma de reparación del daño para que cualquier víctima de un delito contrate a un abogado privado a su libre elección para que este gasto no corra por su cuenta.

De esta manera, el agresor sería quien absorba los honorarios del defensor, independientemente la reparación de otros daños como:

  • el daño sufrido en la integridad física o moral
  • el pago de los salarios o percepciones correspondientes, cuando se cause incapacidad para trabajar
  • la indemnización por los daños patrimoniales generados
  • el pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que sean necesarios para la recuperación de la salud psicológica y física de la víctima, entre otros

Falta de dinero hace que víctimas no denuncien

La diputada Elizabeth Mateos explicó que esta medida también es necesaria porque las víctimas, en ocasiones, no denuncian por falta de dinero para pagar a su defensa legal.

“Muchas víctimas no denuncian un delito por la falta de dinero para pagar un defensor jurídico privado, peor aún, las mujeres que viven violencia familiar e infortunadamente tienen dependencia económica hacia el agresor se limitan por miedo a éste y aun cuando existen los defensores públicos, que actúan en pro de las víctimas, se encuentran saturados por la gran carga de trabajo existente”.

La diputada Elizabeth Mateos

Y recordó que con esta iniciativa no solo se beneficia a las víctimas de violencia familiar, sino a quienes han sido víctimas de algún otro delito o violación a sus derechos humanos.

“Las personas no decidieron ser agredidos y por tanto no tienen por qué hacer erogación alguna para tener acceso a la justicia; sin embargo, el imputado o delincuente sí decidió tener este carácter”, explicó.

Por eso, dijo la diputada de la CDMX, el agresor es quién debe pagar y reparar el daño y la víctima debe contar con su derecho al acceso a la justicia y a elegir libremente a su representante jurídico.