Cancún, Quintana Roo.- El PRI en el Congreso del estado de Quintana Roo presentó la iniciativa de Ley de Cultura Cívica del Estado de Quintana Roo, mediante la cual pretende prohibir las protestas en la entidad.

Dicha propuesta la presentó el diputado Juan Carrillo Soberanis, quien es uno de los más cercanos al gobernador Roberto Borge, notable por el liderazgo estatal del Frente Juvenil Revolucionario (FJR) al encabezar acciones de sabotaje a los actos de campaña del excandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

Esta iniciativa se presentó la tarde del jueves 20 de marzo, pero no recibió atención porque se llevó a cabo la eleción del diputado Harley Sosa Guillén, para presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo.

La iniciativa de Carrillo Soberanis quien es presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, faculta a la autoridad para intervenir en las protestas sí, alteran el funcionamiento de las instituciones, se impide el desarrollo de las actividades de otros habitantes o sus derechos humanos, se hace uso de violencia o causan amenazas para intimidar a la autoridad en determinado sentido.

Si se llevaran a cabo bloqueos, serían disueltos, además de restringir las marchas a vías que no sean consideradas primarias, además de que no podrían obstruir el tránsito de los vehículos en la vía pública, empleando para ello, carriles laterales.

Los espacios para realizar las marchas estarían restringidos y en caso de que se violara estas disposiciones, la autoridad podría tomar medidas para reencauzar a los manifestantes a las zonas permitidas.

Los espacios prohibidos serían: espacios públicos con valor histórico, cultural, turístico o arquitectónico, que pudiera afectar en alguna medida el desarrollo del estado o sus accesos.

Además, los participantes tendrían que responder si se causasen daños a los bienes o derechos de terceros, de manera independiente de la responsabilidad administrativa, civil y penal que resultara.

De acuerdo con Proceso, también se obligaría a los organizadores de las marchas a dar aviso por escrito con 48 horas de antelación a la Secretaría de Gobierno y a las secretarías de los ayuntamientos.