El gobierno del estado de Michoacán informó que desde el 16 de febrero se presentaron las primeras denuncias contra el gobierno anterior, que fue encabezado por Silvano Aureoles, ello debido al manejo irregular del gasto público que se refleja en más de cinco mil millones de pesos.
Azucena Marín Correa, secretaria de la Contraloría, detalló que las denuncias fueron interpuestas ante:
- Fiscalía especializadas en materia de Delincuencia Organizada
- Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
- Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
- Subprocuraduría Fiscal de Investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
Las denuncias fueron en contra de cuatro exfuncionarios públicos de la administración anterior, así como de un representante legal de una empresa privada.
Los probables delitos denunciados en contra de los ex funcionarios del estado de Michoacán son:
- Enriquecimiento ilícito
- Ejercicio indebido de funciones
- Tráfico de influencias
- Cohecho
- Peculado
- Asociación delictuosa
- Delincuencia organizada
- Operaciones con recurso de procedencia ilícita
Además de ir contra cuatro ex funcionarios púbicos, se ha denunciado al representante de legal de una empresa privada.
El secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, dijo que se guarda la secrecía de las investigaciones, pero hallaron contratos con una empresa que no contaba con capacidad económica y jurídica para prestar los servicios que se le encargaron.
No obstante, se realizaron pagos de cantidades excesivas y adjudicaciones de inmuebles, por encima de su valor comercial, por más de 652 millones de pesos.
Presentan denuncias contra otros 7 ex funcionarios de Michoacán
También presentaron dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), contra siete ex servidores públicos, mismas que podrían ampliarse, por los delitos de ejercicio indebido de funciones, cohecho y peculado, pues se identificó alteración de documentos, cheques extraordinarios a percepciones salariales y transferencia a empresas calificadas como irregulares por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico (SHCP).
En esta caso las denuncias podrían ascender hasta 18, pues aún hay elementos para ampliar las investigaciones.