El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya firma convenio para destinar recursos a seguridad pública junto con otros estados de la república por el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2023 (FASP).
Este fondo de aportaciones tiene el propósito de fortalecer el despliegue y equipamiento de las corporaciones de seguridad en las 10 entidades que firmaron este acuerdo, entre ellas Sinaloa.
Dicho acuerdo fue firmado en el Palacio de Gobierno de Nuevo León en presencia de:
- Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación
- Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana
- Clara Luz Flores Carrales, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Además de los gobernadores de las entidades donde entrará el FASP, entre ellos:
- Samuel García, gobernador de Nuevo León
- Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa
- María del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California
- Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila
- Esteban Villegas, gobernador de Durango
- Alfonso Durazo, gobernador de Sonora
- Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas
- David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas
- Martín Blanco López, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en representación de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos
- Homero Davis Castro, secretario general de Gobierno de Baja California Sur, en representación del gobernador Víctor Manuel Castro
¿Para qué sirve el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública?
Según el gobierno de México, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, es un fondo presupuestal previsto en la Ley de Coordinación Fiscal a través del cual se transfieren recursos a las entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública.
El FASP atiende a los cinco ejes jstratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se orienta a los diez programas con prioridad nacional que son:
- Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública.
- Desarrollo, profesionalización y certificación policial.
- Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial.
- Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios.
- Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional y de ejecución de medidas para adolescentes.
- Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos.
- Sistema nacional de información para la seguridad pública.
- Sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas.
- Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto.
- Especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas.