La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la inmediata liberación de los defensores José Antonio Arreola Jiménez y José Luis Jiménez Meza, presos en represalía por expulsar a partidos políticos de su comunidad, Nahuatzen, Michoacán.
Este miércoles 9 de febrero, el pleno de la Primera Sala de la Corte de Justicia avaló el proyecto que revoca la sentencia y ordena la absoluta e inmediata libertad de José Antonio Arreola Jiménez y José Luis Jiménez Meza.
Ambos defensores son integrantes del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN) y pobladores de esta misma comunidad; están privados de su libertad desde noviembre de 2018.
SCJN pide investigar tortura y malos tratos contra los defensores de Nahuatzen
El proyecto aprobado por la SCJN también destaca la necesidad de investigar los actos de tortura y malos tratos contra Antonio y José Luis de manera independiente, imparcial y meticulosa.
Y reitera que todo proceso penal que involucre a una persona indígena tiene derecho a, entre otras cosas, gozar del reconocimiento de la diversidad cultural y a ampararse en derechos como:
- la autodeterminación
- el autogobierno
- la aplicación de propios sistemas auto normativos
- la tierra, el territorio y sus recursos naturales
- y al pleno acceso a la jurisdicción del Estado
Por su parte, Serapaz, organización que ha acompañado el caso de Nahuatzen desde la detención de los defensores, aseguró que el veredicto es un importante precedente para todas las comunidades indígenas.
“Así como José Antonio y José Luis, muchos más hoy enfrentan la criminalización, persecución, violencia y desplazamiento por el pleno ejercicio de sus derechos como comunidades indígenas”.
Serapaz
El caso Nahuatzen
Antonio y José Luis, junto a José Gerardo Talavera Pineda, fueron detenidos el primero de noviembre de 2018 por oponerse a las autoridades municipales por defender los derechos de su pueblo para mantener su autonomía y gobierno indígena.
El CCIN expulsó a los talamontes y partidos políticos de la comunidad y por esta razón, el entonces gobernador Silvano Aureoles, detuvo a los defensores para intimidar a las comunidades indígenas de Michoacán.
Fueron acusados de sabotaje y sentenciados a siete años de prisión, por lo que presentaron un amparo argumentando que se violó su derecho a una tutela judicial efectiva y a obtener una sentencia fundada en derecho.
El asunto fue asignado al ministro Mario Pardo Rebolledo, quien constató que durante el juicio nunca se pudo comprobar el delito supuestamente cometido por los defensores purépechas.
Con el fallo de la SCJN, se ordena la inmediata y absoluta libertad de los dos defensores, José Antonio Arreola Jiménez y José Luis Jiménez Meza, y el integrante de la comunidad de Nahuatzen, José Gerardo Talavera Pineda.