Napoleón Gómez Urrutia emprendió una intensa campaña de comunicación para dar vida artificial a conflictos mineros que fueron ya resueltos en su contra por autoridades laborales y judiciales.
El objetivo político y mediático de esta estrategia del dirigente sindical, aseguran, es mantener movilizada a la base trabajadora como instrumento de presión contra autoridades de distintos niveles de gobierno.
Gómez Urrutia ha dicho que una queja presentada por el sindicato minero contra el Estado mexicano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), podría derivar en la solución de añejas demandas laborales.
Sin embargo, estaría ocultando a sus agremiados que la CIDH únicamente ha dado entrada a su petición y ofreció -como lo hace por mero procedimiento- su coadyuvancia en una eventual solución amistosa.
Dicha admisión implica únicamente la disposición de la CIDH para acompañar un eventual diálogo entre el gobierno de México y los quejosos, pero no es una resolución vinculante ni mucho menos una ruta de solución para litigios de índole laboral.
Napoleón Gómez Urrutia busca involucrar al gobierno a su favor en litigios de Cananea
Fuentes del propio Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, comentan a SDPnoticias que la estrategia de movilización sindical busca aprovechar la visita que inicia este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador en municipios de Sonora para atraer la atención del gobierno federal y forzar una intervención en favor de su líder.
El dirigente minero intenta que la mediación oficial ante un conflicto político le ayude a eludir el pago que le exigen ex mineros de Cananea por más de 55 millones de dólares que retuvo en cuentas personales y del sindicato, producto de la venta de la mina de cobre ubicada en ese municipio sonorense.
Napoleón Gómez Urrutia busca forzar también que empresas mineras, especialmente Grupo México, abran un frente de debate político con él. Por ello, explican las fuentes, alude continuamente a esa empresa y a sus directivos en entrevistas, intervenciones públicas y hasta en sus redes sociales, ya que el silencio de la trasnacional ante sus embates inhibe la mediatización que busca para visibilizar su causa política.
En días recientes, los ex mineros de Cananea recibieron el mensaje enviado por su líder nacional, de que, si el gobierno del presidente López Obrador no atiende sus exigencias, deberán movilizarse este fin de semana en bloqueos carreteros en Sonora, como lo hicieron en enero de 2022, por más de 80 horas, afectando la actividad económica de esa región al norte de México. Ayer por la noche, la sección 65 del sindicato en Cananea difundió un comunicado expresando “respaldo y lealtad” al dirigente.
Los ex mineros esperan obtener de esta disputa una compensación económica, adicional a las liquidaciones a las que tienen derecho, mismas que se encuentran depositadas en juzgados pero que ellos han rechazado cobrar.
La atención al asunto fue encomendada por el presidente al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien ha hecho algunas propuestas que hasta el momento no han sido aceptadas. Sin embargo, la base teme que su dirigente no tenga como prioridad la obtención de esos apoyos económicos, sino sencillamente la permanencia del conflicto como estrategia de presión política.
Napoleón Gómez Urrutia, ausente en el caso de los mineros atrapados en Sabinas, Coahuila
Napoleón Gómez Urrutia, quien no ha visitado Cananea desde hace más de tres lustros, ha sido señalado en semanas recientes por su desinterés ante el trágico accidente registrado el pasado 3 de agosto en la mina de carbón “El Pinabete” en Sabinas, Coahuila.
Diversos medios dieron cuenta de que, al mismo tiempo que el Ejército mexicano trabaja en el rescate de 10 mineros atrapados a una profundidad de casi 60 metros, el líder sindical pasea en Las Vegas, con el pretexto de una reunión de sindicatos estadounidenses.
Tampoco es de esperarse la presencia del senador en Coahuila, pues su última estancia en la región ocurrió en 2006, cuando familiares de los 65 mineros fallecidos en la explosión de la mina Pasta de Conchos le reclamaron por la omisión del pago de un seguro de vida por parte de la organización sindical y por la sospecha de que ésta pudo haber sido corresponsable de la tragedia.
