El gobierno de México solicitó a la Cámara de Diputados dar inicio a un juicio político en contra del juez radicado en el estado de Tamaulipas, Crescencio Contreras Martínez.
Así lo dio a conocer la Secretaría de Gobernación (Segob) por medio un comunicado, en el cual se indica que la misma dependencia fue la que presentó la denuncia de juicio político.
Sobre el proceso que la Segob presentó a nombre del gobierno de México, se apunta que es contra el juez Crescencio Contreras Martínez, por haber incurrido en probables actuaciones ilegales.
Gobierno de México pide a Cámara de Diputados juicio político contra el juez Crescencio Contreras Martínez
Al acusar que el juez Crescencio Contreras Martínez habría incurrido en posibles actuaciones ilegales, el gobierno de México solicitó que la Cámara de Diputados inicie un juicio en su contra.
De acuerdo con lo informado por la Segob en un comunicado, se pidió el inicio del juicio político, luego de que en trabajos del Gabinete de Seguridad, se supo de las probables actuaciones ilegales.
En particular, el gobierno de México acusa que el juez Crescencio Martínez Contreras, emitió resoluciones que fueron a favor de varios integrantes de grupos criminales.
Tras detallar que se tratan de miembros de organizaciones que operan en el norte del país, el gobierno de México acusó que con la sentencias, se fomentó la impunidad y se negó el derecho a la justicia.
¿Cuáles fueron las probables actuaciones ilegales del juez? Segob lo explica
En torno a las presuntas actuaciones ilegales por parte del juez Crescencio Contreras Martínez, el gobierno de México explicó que existen una serie de elementos que apuntan a ello.
Sobre lo anterior, se expuso que se encontró que varias resoluciones emitidas por el juez, “no están apegadas a los principios constitucionales y legales” y permitieron liberar a objetivos criminales.
Como ejemplo de ello, se indicó de la puesta en libertad de varias personas que formarían parte de un grupo criminal presuntamente responsable del reciente secuestro de 31 personas en Tamaulipas.
Tanto en ese caso como algunos otros, se agrega, Crescencio Contreras Martínez actuó con desapego a los principios de “ética, imparcialidad y profesionalismo” que deben seguir los jueces.
Con respecto a las probables actuaciones ilegales, el gobierno de México refirió que se entregaron a la Secretaría General de la Cámara de Diputados y se les comunicó de ella a los legisladores federales.
Cabe destacar que en caso de que la Cámara de Diputados avale la denuncia, ésta también se someterá ante la Cámara de Senadores para que se apruebe la destitución del juez.