En España, desde el jueves 14 de abril de 2022, ya es un delito acosar a mujeres que deciden abortar.

Una reforma al Código Penal tipifica como delito a quienes quieran cambiar la decisión de una mujer o persona gestante, así sean personal de salud o cualquier otro civil.

La reforma del Código Penal se público el miércoles 13 de abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el que señala que se castigará a todo aquel que:

“Obstaculice el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y acose a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad”

El aborto en España es legal desde 1985, con tres supuestos que ampara la ley de ese entonces:

  • Violación
  • Riesgo de malformación
  • Afectación en la salud física o mental de la madre

Pero, de acuerdo con diversos grupos en favor de los derechos reproductivos de las mujeres y los colectivos feministas, señalan que los acosos hacia aquellas que deciden abortar es una situación que tiene años.

Pero ante esta nueva ley, este tipo de acosos ya serán castigados con prisión.

Los españoles podrían pasar hasta 3 meses o un año en prisión por acosar a mujeres que deciden abortar

Entre los castigos que propone esta reforma al artículo 172 quater del Código Penal de España, es que los españoles podrían pasar hasta tres meses o un año en prisión por acosar a mujeres que deciden abortar.

Así como de 31 a 80 días de trabajo comunitario para quien agreda a una mujer que decide abortar.

De igual manera con el personal médico o administrativo que apoya en este ejercicio de derechos.

Además, también se establece que los castigos serán según la gravedad, las circunstancias personales del autor, y las concurrentes en la realización del hecho.

Por lo que las autoridades podrán también imponer la prohibición de acudir a determinados lugares (especialmente clínicas de aborto) por tiempo de seis meses a tres años.

También en el último artículo, el 5, se fija que para la persecución de los hechos descritos no será necesaria la denuncia de la persona agraviada ni de su representación legal.

Adicionalmente, de acuerdo con un informe de la Asociación de Clínicas de Interrupción voluntaria del embarazo (ACAI) de España de 2018.

Mostraba que por lo menos el 89% de las mujeres que habían decidido abortar se habían sentido acosadas.

Mientras que el 66% de estas mujeres habían sido amenazadas.