El gobierno de Francia prohibió el lenguaje inclusivo en las escuelas del país.
El ministro de Educación Nacional, Juventud y Deportes francés, Jean-Michel Blanquer consideró que el lenguaje inclusivo representa un obstáculo al aprendizaje de los alumnos.
El funcionario señaló que no debe ser usado como alternativa para la feminización de la lengua.
Argumentos en contra del lenguaje inclusivo en Francia
En una circular, el ministro de Educación sostuvo que el empleo del lenguaje inclusivo modifica el respeto de las reglas de concordancia “habitualmente esperadas en el marco de los programas de enseñanza”.
Blanquer argumentó que el uso del lenguaje inclusivo es un obstáculo para la comprensión de la escritura.
Otras de las desventajas en contra del lenguaje inclusivo, dijo el funcionario, es que afecta a la lectura en voz alta y a la pronunciación al no ser posible una transcripción oral de ese tipo de grafías.
Además destacó que es contradictorio que al usar el lenguaje inclusivo, personas con ciertas discapacidades o problemas con el aprendizaje se ven perjudicados.
El aprendizaje y el dominio del idioma francés, aseguró, contribuyen a luchar contra los estereotipos y garantizan la igualdad de oportunidades de todos los alumnos.
El correcto aprendizaje del idioma no debe verse mermado por el uso del lenguaje inclusivo que por su“complejidad e inestabilidad” se presentan como un obstáculo, agregó.
Sin embargo, aceptó estar de acuerdo con la promoción y el uso del género femenino de ciertos términos, tal como los cargos, pero siempre “dentro del respeto de las reglas gramaticales”.
Instituciones se posicionan en contra del uso del lenguaje inclusivo
El lenguaje inclusivo en el idioma francés incorpora un sufijo femenino en un sustantivo masculino a través de un punto.
El empleo del lenguaje inclusivo en Francia ha sido defendido por grupos feministas por considerar que el lenguaje masculino no es neutro e implica una “invisibilización” de las mujeres.
La Academia francesa de la Lengua en 2017 dijo estar en contra del uso del lenguaje inclusivo, mismo al que se refirió como una “aberración”.
Por lo que en noviembre de 2017 el primer ministro ordenó prohibirlo en los textos y actas oficiales.