Honduras.- Luego de un largo camino judicial, la familia de la activista Berta Cáceres logró que la Suprema Corte de Justicia de Honduras suspendiera por tiempo indefinido el juicio contra los autores intelectuales del homicidio de la activista.
La familia de la ambientalista exigió la separación de tres jueces por presunta parcialidad y al Ministerio Público por ocultar la verdad. “Buscamos justicia en medio de circunstancias adversidad y aun así descubrimos una estructura criminal detrás de la muerte de Berta”, aseguró la familia.
La Corte Penal de Apelaciones deberá resolver en tres días cinco recursos de amparo presentados por la familia de Cáceres y el Comité de Organizaciones Indígenas.
Entre las ocho personas detenidas por su presunta implicación en el caso hay exmilitares y exejecutivos de la empresa Desarrollo Energéticos S.A. (DESA), que ejecuta el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, al que Berta Cáceres se opuso en vida al considerar que afectaba los recursos naturales de La Esperanza, su pueblo natal.
Entre los detenidos destacan Sergio Rodríguez, quien era gerente de Asuntos Comunitarios y Ambientales de la empresa cuando Cáceres fue ejecutada; Douglas Bustillo, jefe de seguridad de DESA entre 2013 y 2015; y David Castillo, presidente ejecutivo de Desa. Antes de morir, Cáceres acusó amenazas de muerte por parte de Rodríguez y Bustillo.
“La junta directiva de Desa planificó el asesinato de mi madre”, dijo Olivia Zúñiga, quien también criticó el sistema judicial por “no actuar de manera correcta a favor de la justicia... y en contra de la impunidad”.
A los procesados también se les juzga por intentar matar al activista mexicano Gustavo Castro, quien era huésped de Cáceres el día del ataque y quien resultó herido de bala.
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Se prevé que el juicio por el homicidio de la activista lenca sea oral y público, se extienda a lo largo de un mes y concluya el próximo 19 de octubre. Será observado por una comisión de expertos en derechos humanos de 17 organizaciones de 8 países y por Amnistía Internacional
Berta Cáceres se opuso a la construcción de una represa sobre el río Gualcarque, sitio sagrado para los lencas, descendientes de los mayas, realizando frecuentes protestas populares y con denuncias ante la fiscalía hasta que el 3 de marzo de 2016 fue ejecutada en su vivienda.
La empresa insiste en que no está involucrada en el homicidio de la activista.
Con información de AP y AFP