El polémico presidente de El Salvador, Nayib Bukele, comenzó su nuevo mandato con casi todo el poder y sin una oposición significativa.
Fue este sábado 1 de junio que Nayib Bukele, de 42 años de edad, inicio su segundo periodo presidencial, reafirmando su compromiso por la seguridad y economía.
Durante una ceremonia, el mandatario recibió la banda presidencial de manos del jefe parlamentario Ernesto Castro, en el centro histórico de San Salvador.
Nayib Bukele es nombrado nuevamente presidente, pese a la prohibición de reelección en la Constitución de El Salvador
Nayib Bukele juró un segundo periodo presidencial con casi todo el poder, ello debido a su arrasadora victoria en las elecciones de febrero con el 85% de votos a su favor.
Pese a que Nayib Bukele se ha burlado de sus detractores por llamarlo dictador, lo cierto es que el todavía presidente tiene a su su disposición a la mayoría de los poderes estatales.
Del mismo modo, también tiene de su lado a los magistrados que le permitieron buscar la reelección pese a que esto no está permitido en la Constitución de El Salvador.
Bukele se convierte en el primer presidente en asumir un segundo mandato presidencial en El Salvador, tras una larga lucha contra la dictadura militar y una guerra civil de 12 años (1980-1992).
Aunque algunos defienden su mandato por ser “el precio de la seguridad”, sus adversarios no reconocen la legalidad de su segunda presidencia, considerando que es contrario a la Constitución.
Nayib Bukele celebró una ceremonia privada tras su declaración como presidente
Durante su toma, miles de simpatizantes se congregaron en las puertas del palacio para vitorear “Bukele, Bukele”, al mismo tiempo que aviones dejaban una estela azul y blanco, los colores de la bandera salvadoreña.
El evento fue privado y sin acceso al público, únicamente estuvieron presentes:
- El rey de España, Felipe VI
- El presidente de Argentina, Javier Milei
- Amigos de Bukele
A lo anterior, se suma que Nayib Bukele tendrá aún más poder porque los diputados aprobaron una reforma que le permitirá hacer cambios constitucionales, poniendo en duda los futuros procesos democráticos.
Este sería el precio por la “seguridad”, aunque de acuerdo con las estimaciones, al menos 76.757 personas han sido detenidas hasta el 27 de enero, de las cuales miles serían inocentes.
