El gobierno de Venezuela, liderado por el presidente Nicolás Maduro, tomó una drástica medida contra la oficina del Alto Comisionado de derechos humanos de la ONU en su país desatando el debate internacional.
Ello luego de que se presentaran diferencias entre la ONU y la administración federal, la cual calificó la labor de la oficina de derechos humanos como una actitud “colonialista y abusiva” por una importante razón.
De acuerdo con Venezuela, la drástica medida contra la ONU en su país, tendrá que cumplirse en las siguientes 72 horas, por ende, se estima que el organismo tomará cartas en el asunto de manera pronta y sustanciosa.
¿Adiós a la ONU en Venezuela? El gobierno lanzó esta drástica medida contra la oficina de derechos humanos en el país
Este jueves 12 de enero, el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela ordenó la drástica medida de que la ONU suspenda operaciones de la oficina de derechos humanos en el país.
Asimismo, según la sentencia comunicada por el canciller Yván Gill, se determinó que los 13 funcionarios de dicha oficina del Alto Comisionado tienen que abandonar la nación de Venezuela en un plazo de 72 horas.
Según expresa Venezuela, la drástica medida que estaría expulsando a la ONU del país, deviene de que la oficina de derechos humanos ha actuado en contra del gobierno de una forma “colonialista y abusiva”.
Así pues los funcionarios de la ONU que residen en Venezuela deben irse sin réplica de la demarcación, o bien, declarar de manera pública que sus operaciones en el país violan la presidencia y a la Carta de las Naciones Unidas.
El siguiente paso para Venezuela, añadió el canciller, es hacer una revisión minuciosa sobre los términos de la carta de entendimiento que firmó el gobierno en 2019 con la oficina de derechos humanos de la ONU en el país.
Y aunque dicho procedimiento sucederá en un aproximado de 30 días, la expulsión de los funcionarios de la ONU y el cese de sus operaciones en Venezuela mantendrán el límite de las 72 horas.
¿Por qué Venezuela tomó la medida drástica contra la ONU? Gobierno y el organismo tuvieron graves diferencias
La medida drástica de Venezuela contra la ONU sucede en medio de la detención de la activista Rocío San Miguel, a quien el gobierno vincula con un complot que pretende atentar contra la vida de Nicolás Maduro.
Y es que la oficina de derechos humanos de la ONU había tomado el caso de la activista debido a que tras su aprehensión, Rocío San Miguel fue incomunicada de sus familiares y de su defensa legal.
Bajo esta situación, la opinión del país se dividió acusando, por una parte, que la detenida sufrió de un tipo de desaparición forzada por diversas violaciones cometidas en el proceso.
Sin embargo, el gobierno de Venezuela rechazó esta última versión de los hechos y argumentó que la orden para detenerla había sido emitida desde enero; de tal manera que la ONU estaría actuando sin fundamento.