México.- Para Ramón Ojeda Mestre, ambientalista, luchador social y analista en Baja California Sur, el crimen organizado estaría detrás del homicidio del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) estatal, Silvestre de la Toba.
Al destacar que así lo plantean las averiguaciones previas del asesinato, afirmó que el hecho violento tiene mensajes como que el crimen avisa al aparato público que no están satisfechos porque no hay una definición de campos para las organizaciones delictivas que operan en el estado.
Asimismo, afirma, pone en evidencia la incapacidad de las autoridades para prevenir estos ataques.
En entrevista con Ricardo Rocha, consideró que el 95% de los delitos ocurren en San José del Cabo y no en la zona turística de Cabo San Lucas, por dos razones: Una es que si atacan esta zona habrían repercusiones internacionales e inmediatamente el gobierno los detendría, en tanto que otra razón sería porque hay un arreglo entre los grupos delictivos y el gobierno para no afectar la actividad económica.
Además, destacó que ante la creciente violencia en el estado, el Gobierno federal envió militares y marinos en apoyo al gobierno local, sin embargo, los agentes ¡van sin viáticos! y los empresarios han tenido que cooperar para su alojamiento y comidas, situación genera un caos jurídico cuando se realizan las averiguaciones previas.
Reprochó que con el incremento de delitos, la Procuraduría local no se da abasto, incluso, cuando intervienen los agentes ministeriales, son asesinados. "Esta situación se ha convertido en una batalla campal", apuntó.
"Baja California Sur enfrenta una doble realidad: la violenta y la turística", acotó.