México.- A más de 3 años y medio del presunto feminicidio de María de Jesús Jaimes Zamudio, se comprobó que las diligencias y peritajes realizados en su caso están erróneos o incompletos, mediante una recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).
“Todo está mal hecho, incompleto. Qué vergüenza de autoridades tenemos”, dijo Yesenia Zamudio, mamá de Marichuy, al enterarse de todas las irregularidades que mantiene la carpeta de investigación de su caso. Con la recomendación, espera que autoridades agilicen la realización de peritajes faltantes para que pueda iniciar el proceso penal contra los presuntos responsables.
Entre las conclusiones de la Comisión se encuentran violación al debido proceso, falta de acceso a la justicia a una víctima de violencia feminicida, omisiones en múltiples rubros como en contexto con perspectiva de género, asesoría jurídica y violencia institucional.
Investigación de CDHCM en caso Marichuy
María de Jesús era estudiante del Instituto Politécnico Nacional y se encontraba en un ambiente escolar “bastante conflictivo” pues era hostigada por compañeros debido a decisiones en relaciones personales o por estar en la licenciatura de ingeniería petrolera, principalmente.
El 15 de enero de 2016, Marichuy salió a convivir con dos compañeras de la escuela, un amigo y un profesor; de acuerdo con testigos, durante la madrugada del 16 de enero, la joven estudiante ya no quería seguir conviviendo e intentó irse en varias ocasiones, acciones que fueron impedidas por las personas que la acompañaban.
Su familia cuenta que momentos después, el profesor y las demás personas entraron hasta el departamento de Marichuy y comenzaron a agredirla. Ya en el lugar, ellos la habrían arrojado desde la ventana del departamento que se ubicaba en un quinto piso de un edificio en la colonia Ticomán, alcaldía Gustavo A. Madero. Marichuy murió el 25 de enero por múltiples fracturas.
Omisiones de autoridades desde el primer día
La primera omisión que registró la Comisión fue que luego de que una ambulancia se llevara a Marichuy a un hospital, el policía que llegó a la escena no resguardó el departamento ni los indicios, tampoco avisó a las autoridades ministeriales, por lo que no hay diligencias inmediatas ni dictámenes en materia de criminalística.
La investigación por su asesinato inició 9 días después, a pesar de que dos autoridades habían tenido conocimiento previamente. En tanto, la necropsia realizada en 45 minutos a Marichuy, “carece de los requisitos básicos”.
“Los peritos emitieron las conclusiones sin contar con los antecedentes del caso [...] dicha omisión implicó que los peritos realizarán una necropsia que no aporta elementos relevantes para la investigación del caso”.
CDHCM
Entre otras observaciones del organismo, la investigación señala que las lesiones no fueron registradas correctamente por lo que se desconoce su Marichuy fue víctima de violencia sexual o de algún otros tipo. Tampoco se analizó su ropa ni los restos de ADN que tenía en las uñas, no se entrevistó inmediatamente a las personas que estaban con ella.
Recomendación como presión para avanzar
En entrevista con SDPnoticias, Yesenia Zamudio, mamá de Marichuy, resaltó que la recomendación al feminicidio de su hija le servirá para avanzar en cuanto a la exigencia de justicia y verdad de lo sucedido el 16 de enero de 2016.
“Ahora ya sé que hubo muchas omisiones y espero que me sirva como un medio de presión para las autoridades que en su momento quisieron estigmatizar a mi hija, responsabilizarla de su muerte cuando ella fue asesinada y nadie la ayudó”.
Yesenia Zamudio
Además, refirió que las observaciones de la CDHCM evidencia la revictimización contra Marichuy y su familia, por parte de la sociedad y las autoridades que no investigaron correctamente.
Hasta la fecha, la familia de Marichuy sigue siendo hostigada y agredida por los presuntos responsables del feminicidio de su hija; reciben burlas y expresiones que criminalizan a la joven estudiante, mensajes por redes sociales a través de perfiles falsos y comentarios violentos o amenazas en su contra.
Entre las recomendaciones de la Comisión dirigidas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la PGJ-CDMX, se encuentran medidas de reparación integral, iniciar las investigaciones correspondientes para que las víctimas tengan acceso a verdad y justicia, así como garantías de no repetición. Las dependencia tienen 30 días para aceptar o no, lo emitido por el organismo.