México.- A modo de protesta el sacerdote Alejandro Solalinde  acompañado por un grupo de migrantes centroamericanos y  otros activistas clausuró de manera simbólica el Instituto Nacional de Migración (INM) ubicado en la Ciudad de México. 

El suceso fue motivado por la denuncia de actos de violencia cometidos en un retén ocurrido el pasado 9 de septiembre cuando unas 600 personas fueron amedrentadas por las autoridades migratorias con amenazas  y agresiones físicas como la tortura. 

Solalinde acusó que a partir de la implementación del Plan Frontera Sur la política migratoria en México se ha agravado con la policialización del INM.  De tal manera,  que sucesos como el del 9 de septiembre en el que se reportan personas desaparecidas y fallecidas han tendido acompañarse de serias violaciones de derechos humanos. 

Manuel Arellano, integrante de Hermanos en el Camino, explicó que el contexto actual es  similar al previó de la matanza de los 72 migrantes en San Fernando cuando comenzaron los operativos violentos que han ido en aumento. 

Explicó que más de 100 organizaciones de la sociedad civil se encuentran trabajando en la elaboración de una propuesta de política migratoria con enfoque de derechos humanos que será presentada al nuevo gobierno en Diciembre o Enero. 

Por su parte,  Alejandro Solalinde  refrendó que tiene plena confianza en que el gobierno de  Andrés Manuel López Obrador cambiará el enfoque de política migratoria y aclaró que el grupo de trabajo ya ha tenido comunicación con Alejandro Encinas. 

Migrar en  situación de riesgo 

Para los migrantes en tránsito es una constante sentir temor por la policía migratoria. Las prácticas que ponen en riesgo la integridad de las personas y las amenaza con  ser deportadas a sus lugares de origen de donde, cabe destacar, fueron desplazados por situaciones de inseguridad y violencia, son incesantes. 

El 9 de septiembre al rededor de 600 migrantes fueron sorprendidos en la comunidad de Juan Domínguez Clara, en Veracruz. Los policías solicitaron un soborno de 50 mil pesos para no presentar al grupo frente a las autoridades, al no poder pagar la cuota se llevo a cabo un operativo entre áreas de piñales y alambres de puas electrificadas. Los desplazados fueron torturados con toques eléctricos y otras pericias.

Alejando Solalinde explicó que los migrantes aseveraron que en el grupo había una mujer embarazada de la que no se sabe nada y algunos niños.