México.- El colectivo Pena Sin Culpa exhortó al Gobierno de México a liberar a Daniel García Rodríguez y a Reyes Alpízar, quienes cumplieron 17 años en prisión preventiva por su supuesta responsabilidad en el homicidio de la regidora de Atizapán, María de los Ángeles Tamés, el 25 de febrero de 2002, que aseguran no cometieron. 

Familiares y la defensa de García Rodríguez apuntaron que la condición de los reos es histórica, pues a nivel internacional no existen casos en los que dos personas lleven más de 17 años sin recibir condena.

Ante la apertura de la nueva administración federal para tratar los casos de los presos políticos, los integrantes de este colectivo exhortaron al presidente Andrés Manuel López Obrador reivindicar su discurso con los derechos humanos para que otorguen una resolución a este caso.

“Vemos con optimismo que la nueva administración ha venido cumpliendo en resoluciones de este procedimiento, que es del grupo de detenciones arbitrarias, ya hay personas que han cumplido su libertad en el Estado de México”, explicó el abogado Simón Hernández.

Recordaron que en 2017 la ONU emitió una recomendación al estado mexicano su pronta libertad y reparar el daño, ante una serie de violaciones al debido proceso, falta de investigación y sanciones por tortura por parte de las autoridades del Estado de México en la administración del exgobernador Arturo Montiel Rojas.

Los nombres de García Rodríguez y Alpízar Ortiz, recluidos en los penales de Barrientos y Neza-Bordo, respectivamente, se encuentran en el listado de los 199 presos políticos que la senadora Nestora Salgado entregó a la Secretaría de Gobernación para considerar su liberación mediante una Ley de Amnistía.

Los familiares de Daniel García explicaron que él se encuentra en estado de salud aceptable, aunque con ciertas carencias y la imposibilidad de recibir algunos servicios dentro de los muros de Barrientos; sin embargo, en estos días se ha visto optimista ante el futuro de su juicio.

La defensa de García adelantó que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emitirá una resolución a fondo de este caso a inicios de marzo, misma en la que se podría establecer la responsabilidad internacional del Estado Mexicano por esta detención .

Con información de El Heraldo de México